judicial

Según reseña una nota de prensa remitida por el Cabildo de Lanzarote, "el secretario general del Cabildo ratificó que, en su opinión, no hacía falta autorización judicial para la adopción de la medida".

El Ayuntamiento de Arrecife ha respondido a la Iniciativa presentada por VECINOS UNIDOS LANZAROTE, referente a la "situación judicial" del Pabellón Deportivo de Argana Alta (conocido como Palacio de los Deportes). Los servicios jurídicos del consistorio han certificado la contratación del "letrado D. José Luis Sáez Reyes", para llevar "la acusación particular de los intereses municipales".

El todavía Alcalde de Tías, Francisco Hernández García, ha sido citado por el Juzgado de lo Social nº 1 de Arrecife, por un presunto Delito de Desobediencia a la Autoridad Judicial. El citado político ha sido convocado, "junto con el Ministerio Fiscal", para el próximo miércoles 17 de septiembre a las 9,20 horas.

Según denuncia FSC-CCOO, es "poco serio y muy sospechoso", que el grupo de gobierno, después de contratar a dedo a una empresa "afín y muy cercana a la familia del Partido Popular" para el servicio de informática, despidiera sin motivos al ingeniero del departamento.

FOTOS: PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH)

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arrecife, ha convocado para el próximo 18 de diciembre, una Vista Judicial en la que se decidirá el posible cierre cautelar de la polémica Bodega Stratus. En el acto estarán presentes los responsables de la instalación (Empresa BTL, propiedad de Juan Francisco Rosa), la Familia Negrín (propietarios de parte del suelo presuntamente usurpado), la Fiscalía y la Acusación Particular (representada por la Asociación "Transparencia Urbanística").

La comparecencia en la mañana de ayer en el Cabildo, de los representantes de FCC (uno de los principales acreedores de INALSA) con el letrado Ignacio Calatayud, reclamando los certificados de la deuda del Consorcio del Agua, vuelve a abrir la puerta de las responsabilidades penales contra los anteriores gestores de la que fuera empresa pública. Recordemos que VECINOS UNIDOS CANARIOS (VUC) presentó el pasado mes de julio una Denuncia en la Fiscalía, reclamando "el embargo patrimonial" de los bienes de 16 de esos políticos.