La Junta de Portavoces del Cabildo de Lanzarote ha aprobado durante la mañana de hoy martes 29 de septiembre, con los votos a favor de CC, PSOE, PP, PIL y NC; el voto negativo de PODEMOS y SOMOS, y la abstención del grupo político CIUDADANOS; el aplazamiento del pleno monográfico sobre la incautación por parte del Consorcio Insular de Aguas de la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja cuya celebración estaba prevista para el próximo 2 de octubre.
El motivo para el aplazamiento del referido pleno monográfico, según ha explicado el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, es el de estar “a expensas de declaración judicial del secretario general de la corporación y del informe del balance de resultados de Canal Gestión Lanzarote tras la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja para comprobar si la acusación de prevaricación tiene algún fundamento”.
En este sentido, San Ginés se pregunta si “ante unos resultados económicos negativos, podríamos siquiera insinuar que hemos beneficiado a Canal Gestión Lanzarote con esta medida o hemos priorizado el interés de los ciudadanos afectados por encima de todo”.
En cualquier caso, San Ginés ha vuelto a recordar que la incautación de la desaladora de Montaña Roja “es una medida cautelar transitoria para evitar su clausura, tal y como contempla la propuesta de resolución del instructor del expediente sancionador, lo que provocaría el desabastecimiento a los vecinos, dado que Canal Gestión Lanzarote no necesita la planta desaladora sino que la urbanización de Montaña Roja se conecte a la red pública, cosa que ya habríamos hecho si no fuera porque Club Lanzarote paralizó la obra para la referida conexión”. Tal es así, que el Consejo de Aguas de Lanzarote ya ha requerido tanto a Club Lanzarote como al Ayuntamiento de Yaiza que sean ellos los que ejecuten la obra y los vecinos puedan estar conectados a la red pública; “momento a partir del cual procederíamos a la devolución de la planta desaladora, salvo que la Justicia ordene otra cosa”, ha explicado San Ginés.
Para haber cometido un acto de prevaricación o lo que es lo mismo, tomar una decisión a sabiendas de su injusticia, desde Presidencia del Cabildo de Lanzarote se considera esencial la declaración del secretario general de la corporación, que lo es a su vez del Consejo Insular de Agua y del Consorcio Insular de Aguas, cuya opinión jurídica es la que legitima la decisión que llevó al presidente del Cabildo de Lanzarote a dar la orden de proceder a la incautación de la planta, más allá de que esta opinión sea coincidente con la del asesoramiento jurídico externo, con la de jueces y fiscales en primer instancia, y con amplia y variada jurisprudencia que revela, cuanto menos, una inequívoca controversia jurídica.
Declaración que estaba prevista para el pasado jueves 17 de septiembre y que finamente se ha visto aplazada por orden del titular del Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife a iniciativa del grupo político Podemos como acusación popular en la querella interpuesta por Club Lanzarote por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, quien ha solicitado que el secretario general de la corporación lo haga en calidad de imputado y no de testigo como estaba previsto.
En cualquier caso, el grupo de Gobierno de la corporación ya ha anunciado que hasta que se produzca la declaración judicial del secretario general del Cabildo de Lanzarote, se ha acordado la celebración de una Junta de Portavoces, ampliada a los consejeros que así lo deseen aunque no formen parte en la misma, para que el presidente del Cabildo aclare cualquier duda que puedan tener al respecto, más allá de la información del expediente que obra en poder de todos y cada uno de los grupos políticos de la institución.