La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denunció este jueves las decisiones arbitrarias que toma el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tías, conformado por el Partido Popular y el partido asambleario San Borondón. Según el sindicato, las constantes actuaciones contra los trabajadores que no son serviciales, obedientes y afines en la imposición de los criterios personales y arbitrarios de los dirigentes políticos han supuesto ya un importante coste económico a los contribuyentes.

El incidente más grave se produjo con el despido del ingeniero del servicio de informática el pasado mes de octubre alegando causas que luego no se pudieron probar en los juzgados. Para al FSC-CCOO, es “poco serio y muy sospechoso” que el grupo de gobierno, después de contratar a dedo a una empresa afín y muy cercana a la familia del partido popular para el servicio de informática, despidiera sin motivos al ingeniero de departamento.

Según el sindicato, es difícil de entender que el grupo de gobierno encargara a la mencionada empresa un informe a la medida para luego poder utilizarlo como defensa de la administración en el juicio contra el trabajador, excepto si pensáramos que detrás de esta maniobra política se escondieran otros intereses además de la privatización del servicio informático del ayuntamiento.

Así se explicaría que el grupo de gobierno, a sabiendas de que el trabajador había recurrido el despido como nulo alegando la vulneración de derechos fundamentales, amortizara su puesto de trabajo sin esperar a que los tribunales se pronunciaran. De esta manera, cuando el juzgado falló la nulidad del despido en febrero de 2014 y obligó a la readmisión del trabajador, el grupo de gobierno renunció a darle trabajo efectivo, cuando era una exigencia de la sentencia. Por este motivo se dictaron varios autos judiciales que recordaban al ayuntamiento la obligación de abonar las mensualidades al trabajador.

A finales del mes de junio de este año, y a instancias del trabajador, se citó al alcalde ante los tribunales para depurar la posible responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial tipificada en el código penal. Fue en ese momento cuando el grupo del gobierno se avino a pagar todo lo adeudado al trabajador y abonarle sus nominas mensualmente

El sindicato se pregunta qué hubiese sucedido si el coste de todo este proceso, además de los salarios que percibe el trabajador despedido y no readmitido mientras dura el procedimiento no saliera de las arcas públicas y por ende del contribuyente, sino del bolsillo de los propios responsables.

Por estos motivos, la FSC-CCOO denuncia enérgicamente las formas de actuar del grupo de gobierno del Partido Popular y San Borondón, y exige que se dé trabajo efectivo al trabajador despedido y que cesen las decisiones abusivas, incoherentes y contradictorias que afectan al bolsillo de todos los contribuyentes.