El Informe elaborado por el Interventor del Ayuntamiento de Tías, ha confirmado las denuncias de la (hoy) ex-Interventora del Consorcio del Agua, Rosalinda Bonilla Reyes, en referencia a "la inviabilidad" del Plan de Saneamiento de la condenada a muerte empresa "pública" INALSA. Ambos informes, "desmentidos" por un tercero "externo" solicitado por el propio Consorcio del Agua, serán presentados ante el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas, que tendrá la última palabra. Lo que sí queda claro (como ya advirtiera en su día la Mesa Social del Agua) es que en caso de que el Plan no fuera "viable", los responsables de la deuda serían "los Administradores de INALSA en los últimos años", y NUNCA las instituciones.
Tras conocerse el Informe del Interventor de Tías, la todavía Presidenta Insular del PP, Astrid Pérez, señala que el mismo "viene a decir que los que tendrán que pagar la deuda van a ser los Administradores de INALSA", recordando que "CC, PSOE y PIL tienen a muchos de sus dirigentes con un embargo preventivo". Y desmintiendo que "ayuntamientos y Consorcio tengan que pagar la deuda".
Añade la parlamentartia regional que "INALSA ha dejado de tener su fin, su objetivo y su actividad. El Consorcio va a ceder un crédito a una empresa que a todos los efectos prácticos ya está disuelta. Es decir, va a regalar 36 millones de euros a una empresa que ya no existe"; advitiendo que "CC, PSOE y PIL tienen a muchas personas con embargos preventivos e incluso gente que tan sólo se han sentado dos o tres días y que no han gestionado y también están embargados".
Señala la gerifalte popular que "serán los administradores de INALSA quienes tengan que pagar la deuda y no el Cabildo y los ayuntamientos como se está diciendo"; por lo que "no se puede inyectar dinero a una empresa que está en disolución y que, además, INALSA ya debe 17 millones de euros al Consorcio del Agua".