En el escrito de querella se refleja que el Ministerio Público español remitió documentación a EPPO el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea". Según se desprende de la investigación, los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol (Baleares) y Ángel Víctor Torres (Comunidad Canaria).

- Cuatro contratos del Servicio Canario de Salud

La Fiscalía detalla en su demanda que el Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos a la empresa 'Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL', entre abril y mayo de 2020, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público.

El primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. 

El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

En el caso de la administración balear, consta un contrato adjudicado por el Servicio de Salud de Illes Baleares en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.

Según Europa Press, las delegaciones del PP y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo han instado a la Fiscalía Europea a investigar si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia pudo afectar a los fondos de la Unión Europea que entonces se destinaron a ayudar a los gobiernos a enfrentar la crisis por el coronavirus.