MAME FERNÁNDEZ
El presidente del Cabildo expuso gran parte de la documentación del expediente que le llevó a adoptar la decisión de incautar la desaladora ante los innumerables requerimientos e instancias recibidas por el Diputado del Común que le advertían de llevar a fiscalía el asunto si no se actuaba; del Gobierno de Canarias que advertía también de la venta no autorizada de agua a terceros; de las quejas de los propios vecinos y los informes preceptivos del Consejo Insular de Aguas y la Secretaría General.
Según reseña una nota de prensa remitida por el Cabildo de Lanzarote, "el secretario general del Cabildo ratificó que, en su opinión, no hacía falta autorización judicial para la adopción de la medida".
