la verdad de lanzarote

El vecino de Arrecife, José Díaz Diaz lleva años pasando por un auténtico calvario, desde que la Autoridad Portuaria de Las Palmas dio "Orden de Desalojo" de la vivienda que posee en la zona capitalina de Las Caletas, alegando que "se encuentra en Dominio Público Portuario". Lo grave de la situación es que dicho ciudadano le compró la casa a BANKIA, en el año 1997, firmando la venta el propio Director General de la Entidad Bancaria, JUAN FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ. Más aún, el propio banco la había embargado anteriormente, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, dándole con ello más "legalidad". Incluso la Fiscalía considera "NULA" la venta "realizada por la Caja Insular de Ahorros de Canarias"... Sin embargo, Díaz se encuentra impotente ante este nuevo abuso de la Banca y las Autoridades presuntamente competentes.

El Consorcio del Agua de Lanzarote pone en conocimiento, una vez ha finalizado el plazo para la presentación de candidaturas al proceso abierto de licitación para conceder la gestión del Servicio Integral del Agua en Lanzarote y La Graciosa el pasado día 28 de diciembre que el mismo ha quedado desierto sin que se haya presentado ninguna oferta.

La Alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, acompañada de una cohorte de "técnicos", ha defendido públicamente la "legalización" de los establecimientos hoteleros anulados por los Tribunales de Justicia, dentro del todavía no aprobado Plan General de Yaiza, a cambio de "una compensación económica" que rondaría los 4 millones de euros. En la misma comparecencia, el Vicenconsejero Autonómico de Política Territorial, Mario Pérez, defendió la "resurrección" del Plan Parcial Playa Blanca, ilegalizado por la Justicia. Un plan que, irónicamente, había impugado en su época de Presidente del Cabildo. Ninguno de los dos políticos explicó como iban a "incumplir" las Sentencias Judiciales Firmes.

 El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado ante el Parlamento catalán que convocará una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña aunque el Gobierno central no lo autorice.