En una rueda de prensa en la que Gladys Acuña (PIL) apareció "escoltada" por el Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno Canario, el lanzaroteño Mario Pérez (CC); el Director General de Ordenación Territorial, Juan José Santana; el redactor del todavía no aprobado Plan General, Jorge Cordech; y el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Rodríguez; la primera edil defendió "las excelencias" del nuevo documento de ordenación del municipio. Para seguidamente sugerir que el consistorio tiene previsto "regularizar" a las veintena de establecimientos hoteleros, cuyas licencias están anuladas por la justicia y los que tienen que derribar parte de sus infraestructuras. Eso sí, a cambio de una "compensación económica" de unos 4 millones de euros: es decir, que cada complejo deberá pagar "unos 200.000 euros" a cambio de "adaptarse a la normativa urbanística del nuevo Plan General".
Para "engodar" a los presentes, los redactores aseguraron que "los hoteles ilegales (pues lo son) tendrían que destinar cerca del 35% de su superficie edificatoria a zonas comunes", aunque ello significara "eliminas camas turísticas". Pero no coló, pues el redactor del aún no aprobado Plan, reconoció que se permitirá a las plantas hoteleras (las ilegales, para ser más claros), "aumentar un 50% su edificabilidad", lo que a su vez redundaría en "una compensación económica de un 15% al Ayuntamiento por el aprovechamiento de esa mayor edificabilidad".
- Mario Pérez quiere legalizar lo que previamente había impugnado
El Viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, aseguró sin ruborizarse, que "el Plan aporta Seguridad Jurídica", añadiendo que "contribuye a generar economía". Pero se olvidó de decirle a los presentes (y a toda la opinión pública) que cuando había sido Presidente del Cabildo (accidental), impugnó el Plan Parcial Playa Blanca; el mismo Plan Parcial que ahora pretende "resucitar", pese a que está anulado por la Justicia.
De la misma forma, Gladys Acuña anunció que pretende "recalificar" el suelo donde se encuentra construida la "gran mansión" del arquitecto Carlos Morales (imputado por el escándalo de las licencias ilegales); Gladys olvidó que hace años denunció ese mismo terreno, cuando era Concejal de la oposición... Y en la rueda de prensa permaneció callado el concejal Jose Antonio Rodríguez (PNL), el mismo que había sido Concejal de Urbanismo cuando se denunciaron las licencias ilegales a complejos hoteleros (hoy anuladas por la Justicia).
- ¿Legalizar lo ilegalizado jurídicamente?
Lo más irónico de la comparecencia público fue que el Director General de Ordenación del Territorio, Juan José Santana, insistió en que había que "regularizar los hoteles", amparándose en la Ley de Modernización Turística del Gobierno Canario. Pero olvidó señalar (todos olvidaron algo ese día) que el borrador de dicha "ley" fue elaborado (entre otros) por Ignacio Díaz de Aguilar: aquel letrado imputado por el ANULADO Plan Parcial Playa Blanca, y representante de algunas de las sociedades a las que se anularon las licencias de sus hoteles.
Eso sí, ninguno de los presentes supieron (o quisieron) decir, ¿cómo van a legalizar, lo que ya ha sido ilegalizado por los Tribunales de Justicia...? En una isla donde los desahucios están al orden del día, y donde Costas amenaza a núcleos urbanos como El Golfo o Tenézera, los empresarios ricos siempre tendrán cabida para determinadas instituciones...