También ha sido denunciada una funcionaria capitalina por empadronar a “cualquiera que lo pida” en viviendas habitadas por sus legítimos propietarios
Investigan la presunta concesión de certificados de vulnerabilidad “a la carta” por el ayuntamiento de Arrecife
LA DENUNCIANTE, QUE LLEVA 33 AÑOS PAGANDO HIPOTECA, LUZ, AGUA, IMPUESTOS Y DEMÁS GASTOS DE SU CASA, NO ENTIENDE POR QUÉ EL INSTITUTO CANARIO DE VIVIENDA AVALA A LA PERSONA QUE HA "SAQUEADO MI HOGAR DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS"
Tras dos sentencias judiciales que ordenan la devolución de una vivienda a su legítima propietaria, Vivienda paraliza el desahucio hasta que la presunta okupa "encuentre una vivienda" que pueda pagar
Dolores María Campos Hernández es una veterana trabajadora del Servicio Canario de Salud, que desde hace 33 años es propietaria de una vivienda de Protección Oficial en la zona residencial de Los Alonso, más concretamente en la calle Palencia. Y que hace “unos 3 años” decidió alojar a una amiga “temporalmente”, la cual con el tiempo (según denuncia) se había quedado con la casa, dejándola a ella en la calle… Los tribunales de justicia le han dado la razón a la denunciante hasta en dos ocasiones, pero justo en el momento en que se iba a proceder al desahucio de la demandada, el Instituto Canario de Vivienda ha pedido que se paralice el desalojo hasta que la presunta okupa “encuentre una casa en la que alojarse”.
"Sancionan" a conductores con tickets falsos
La Policía de Tías investiga una presunta estafa a los vehículos mal estacionados en Puerto del Carmen
CAPÍTULO 1: La presunta injusticia de la justicia puede estar destruyendo al más grande de los políticos lanzaroteños
También se le acusa de haber hurtado dinero a su víctima
Investigan al propietario de una vivienda vacacional por la presunta sustracción de la tarjeta de crédito de uno de sus clientes
La Guardia Civil de San Bartolomé investiga a una persona, de 44 años, como presunto autor de un delito de hurto y otro de estafa, por supuestamente sustraer la tarjeta de crédito de uno de los clientes que tenía alojado en una vivienda vacacional y utilizarla en cinco ocasiones para realizar pagos que alcanzarían los 185 euros.