En el primero de los casos, el Colectivo ADEY GALGUEN ha presentado un amplio dossier sobre una Sentencia Firme de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que confirmaba un “desahucio por precario” de una vivienda ilegalmente ocupada en Arrecife. Justo el día en que se debía proceder al desalojo, llegó una orden de paralización “temporal” del mismo por parte del Instituto Canario de la Vivienda. ¿Motivo? La persona condenada había solicitado (y obtenido) un certificado de ‘Situación de Vulnerabilidad’ en la concejalía de Asuntos Sociales del ayuntamiento capitalino “casi por los pelos”. Una vulnerabilidad que, curiosamente, ya habían rechazado con anterioridad tanto el Juzgado de Arrecife como la Audiencia Provincial.
Tras paralizarse el desahucio ‘sine die’, y sin perspectivas de recuperar su vivienda, la legítima propietaria acudió al colectivo ADEY GALGUEN en la convicción de que la “ocupante ilegal” (según han decretado los Tribunales) “no es merecedora de un certificado de vulnerabilidad pues no reunía ninguno de los requisitos necesarios para su acreditación".
- Se le concedió la “vulnerabilidad” pese a tener trabajo y cobrar a la vez una ayuda del Estado
Siempre según la denuncia, “en el mismo momento en que obtuvo la situación de vulnerabilidad, SE ENCONTRABA TRABAJANDO (CON UN CONTRATO Y ASEGURADA) de camarera de pisos en la empresa… Y al mismo tiempo, estaba COBRANDO UNA AYUDA (en torno a 500 euros) para personas de más de 52 años… Es decir, que obtuvo la ‘situación de vulnerabilidad’ cuando ya cobraba una ayuda del Estado, a la vez que percibía un sueldo por trabajar de camarera de piso, y habitaba gratuitamente una vivienda que no es la suya (de forma ilegal, como dictaron los tribunales de justicia). ¿DÓNDE ESTÁ LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD?”.
Solicitando, tras una amplia exposición de más “empleos ejercidos durante el último año” por la presunta “vulnerable”, lo siguiente: “Que se investiguen (y aclaren) a fondo LAS CIRCUNSTANCIAS POR LAS QUE SE CONCEDIÓ A LA CONDENADA… LA ‘SITUACION DE VULNERABILIDAD’ SIN PRUEBA ALGUNA.”.
- Asuntos sociales “se niega” a responder a la denuncia
Con un amplio dossier en sus manos (en el que aparecen muchas más presuntas irregularidades que, de momento, omitimos), ADEY GALGUEN presentó un escrito, a través de un abogado, en la concejalía de Asuntos Sociales del ayuntamiento de Arrecife, el pasado 3 de junio a las 13,50 horas.
Cuatro meses después de la presentación del escrito, todavía no ha habido respuesta alguna por parte de la citada concejalía. Motivo por el cual se ha presentado una Reclamación en el Comisionado de Transparencia de Canarias, para que “obligue” al consistorio capitalino a responder “con transparencia” a las preguntas de los ciudadanos.
La aportación del dossier en la Fiscalía y el Juzgado de Arrecife han dado un nuevo impulso al procedimiento judicial, que tras un año de retraso (a consecuencia del citado decreto de “vulnerabilidad” ) ya ha entrado en su recta final.
- Empadronan a cualquiera sin comprobar si viven allí
Por otro lado, ADEY GALGUEN presentó otro escrito el pasado 3 de junio a las 10,32 horas en la concejalía de Estadísticas del ayuntamiento de Arrecife, denunciando que la funcionaria P.M. empadronó a una persona (condenada dos veces por la justicia) en una vivienda ya habitada DESDE HACE 31 AÑOS POR SU LEGÍTIMA TITULAR.
Según consta en la denuncia (hecha extensiva a la Fiscalía), la todavía “okupa” acudió el 13 de agosto de 2021 (fecha que aparece en sentencia judicial) al ayuntamiento de Arrecife para “empadronarse” en una vivienda que no era la suya. Y la funcionaria de turno la “empadronó”, CON FECHA DE 6 DE JULIO, sin preocuparse en averiguar si la "empadronada” habitaba en la citada vivienda. Motivo por el cual se le pregunta a la concejalía de Estadística, “¿CÓMO ES POSIBLE QUE UNA INSTITUCIÓN COMO EL AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE, EMPADRONE A UNA PERSONA SIN SIQUIERA COMPROBAR QUE LOS DATOS APORTADOS SON REALES?".
Con un añadido sangrante: la legítima titular de la vivienda (DESDE EL AÑO 1993) acudió a reclamar en el ayuntamiento de Arrecife el motivo por el que habían “empadronado” en la misma a otra persona. Y según su testimonio, “la funcionaria P.M., en vez de solucionar el problema, me trató de mala manera, alegando que no puede confirmar quién es okupa o no. Y casi acusándome de falsedad… Añadiendo que ya estaba acostumbrada a las denuncias judiciales”.
Motivo por el cual el colectivo pregunta “¿Por qué la funcionaria P.M. la empadronó si la legitima titular ya estaba empadronada desde 1993? ¿Es ésta una práctica habitual en el ayuntamiento de Arrecife?".
Tras meses de espera por la respuesta, se ha tenido que acudir al Comisionado de Transparencia del Gobierno canario para que se cumpla con lo que marca la Ley de Transparencia.