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La Asamblea del Consorcio del Agua,convocada en sesión extraordinaria y urgente esta mañaba, ha conocido el informe jurídico-financiero sobre la forma de pago a los acreedores de INALSA, encargado por el ente local según el acuerdo adoptado el pasado día 8 de julio.

El Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Arrecife ha anulado la escritura de préstamo entre el BBVA y una familia, así como la hipoteca que lo garantiza y el correspondiente procedimiento. En concreto, el titular del Juzgado, Juan José Cobo, ha dictado un auto en el que declara la nulidad de la escritura de préstamo del 8 de marzo de 2006, suscrito entre el BBVA y S.O., S.O., M.S. y S.E.G., parte ejecutada, ante el notario de Arrecife P.E.B.T.

El Juzgado nº 5 de Arrecife ha abierto una Pieza separada de la investigación del Caso "Unión", para determinar la "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL" de la ex-Alcaldesa de Arrecife, la imputada María Isabel Déniz (CC). Dicha decisión, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, busca investigar las "discrepancias" entre el "patrimonio declarado" por la política y "las rentas detectadas" entre los años 2002 y 2006. Y es que el "inmenso" patrimonio amasado durante su gestión como primera edil capitalina, ha hecho sospechar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de posibles "actividades corruptas".

El Juzgado nº 3 de Arrecife ha recibido las Resoluciones de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), por las que "SE ORDENA el restablecimiento del orden jurídico infringido y la reposición de la realidad física alterada" en la zona capitalina de La Bufona. En su escrito, la Agencia informa que ha cursado la orden de "DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS ILEGALIZABLES de acondicionamiento interior de terreno vinculadas al uso residencial, realizadas SIN CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES pertinentes". Entre las 14 viviendas afectadas se encuentran la de la todavía Presidenta Insular del PP, Ástrid Pérez; y la del ex-Fiscal de Lanzarote, Miguel Pallarés.

El Juzgado Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas, Islas Canarias, ha decidido dejar sin efecto la expulsión del territorio español del activista social José Morales Brum, al entender que el acto administrativo llevado a cabo por el Gobierno español (Partido Popular) y secundado por el Gobierno uruguayo, no se ajusta a derecho y es contrario a la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en materia de expulsión de  extranjeros.

En la mañana de hoy, el Juzgado nº 5 de Arrecife ha remitido un Auto de 8 folios a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), ordenándole que "proceda a incoar PROCEDIMIENTO SANCIONADOR tendente a la restauración del ORDEN JURÍDICO INFRINGIDO", en relación con la Mansión que el Arquitecto Carlos Morales levantó en el Plan Parcial "Puerto Calero". Añadiendo que dicha construcción "NO DEBIÓ SER AUTORIZADA Y POR TANTO NO AUTORIZABLE". Sin embargo, en una decisión sorprendente, el citado Tribunal ha decidido que las Diligencias Penales que se seguían contra el marido de la Princesa Alexia de Grecia, sean "sobreseidas provisionalmente", recayendo todo el peso de la Justicia sobre el ex-Alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.

El titular del Juzgado nº 4 de Arrecife, Juan José Cobo Plano, ha remitido un Auto a la Secretaría de Organización Insular de Coalición Canaria, solicitándole diversa documentación relacionada con el pasado y polémico V Congreso Insular de dicha formación política. Esta resolución es la segunda en ese sentido, después de que la pasada semana el Juzgado nº 3 hiciera el mismo requerimiento a petición de un afiliado lanzaroteño. Ambos procedimientos judiciales abren más la brecha abierta en el seno insular de CC, apuntando a "una repetición del Congreso, anulando los nombramientos del anterior".

El Juzgado nº 5 de Arrecife ha confirmado que el ex-Viceconsejero de Justicia del Gobierno Canario, Rodríguez Batllori, llegó a cobrar 16.941,18 euros del Ayuntamiento capitalino, y otros 26.089,40 euros de la llamada empresa pública INALSA, sin que mediara "contrato alguno que justificara dichos pagos", ni se diese información de "cuáles eran las mecesidades que venía a cubrir o por qué la corporación (Arrecife) precisaba de un Letrado". Por todo ello, la Juez doña María Jesús Hernández Elvira ha dado "10 días de plazo" al Ministerio Fiscal, para que solicite "la apertura de un juicio oral", por MALVERSACIÓN, FRAUDE y PREVARICACIÓN.

En la mañana de hoy han acudido a declarar al Juzgado nº 5 de Arrecife, en calidad de imputados, el Secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes; el Jefe de la Oficina Técnica del mismo consistorio, Antonio Lorenzo; y el ex-Alcalde José Francisco Reyes. Los 3 están acusados de otorgar "dos licencias de construcción de apartamentos a la sociedad Maravista", la cual entonces estaba administrada por el secretario general del PNL y concejal de Arrecife, Pedro de Armas.

El ex-consejero de Empleo y ex-viceconsejero de Justicia del Gobierno Canario, Francisco Rodríguez Batllori, ha presentado un Escrito en los Juzgados de Las Palmas, denunciando que cuando fue detenido por la UCO de la Guardia Civil, se hizo "sin orden judicial", y sin "ningún tipo de motivación que justifique semejante medida". El político, imputado en el Caso "Unión", se ha quejado además de su estancia "en un calabozo de 3 metros por 1 metro y medio" durante dos días sin que durante ese tiempo se realizase diligencia alguna que lo justificase.