La postura del gobierno español siempre ha manifestado un absoluto cinismo respecto al derecho del pueblo saharaui a su libre determinación. Sin embargo, la propuesta de España de entregar la libertad de un pueblo al opresor que lleva ejerciendo la violencia sistemática sobre el mismo es un giro inexplicable y despreciable que condenamos rotundamente.

Las justificaciones geoestratégicas o económicas que se manejan para justificar este cambio de política, no pueden estar por encima de las resoluciones de Naciones Unidas y de los Tribunales Internacionales sobre el respeto a los DDHH en el Sáhara ocupado y sobre el derecho a la autodeterminación e independencia.

El estado español no puede validar los asesinatos, torturas, violaciones y persecuciones perpetradas por el gobierno marroquí y que sufren miles de personas saharauis. Tales actos convertirían este país en cómplice de crímenes contra la humanidad y del exilio de todo un pueblo durante casi 50 años. El conflicto del Sahara es el segundo más antiguo en Naciones Unidas, tras el del pueblo palestino.

No puede existir contrapartida alguna que compense la connivencia con los asesinos y torturadores. Las políticas de vecindad no pueden estar basadas en el chantaje. No podemos convertir en garante de nuestras fronteras a quien no garantiza los derechos humanos.  La externalización de nuestras fronteras nos acerca a la cada vez más bárbara desigualdad global y la pérdida de estándares en la protección de los derechos humanos.

La clase trabajadora en el estado español es abrumadora y clamorosamente favorable a la posición saharaui. No solo en las encuestas, años de solidaridad y lazos de amistad refuerzan una especial relación entre nuestros pueblos. Así, este gobierno no solo traiciona a los saharauis, sino a su propia ciudadanía.

Consideramos que la posición del gobierno es inaceptable, es una obligación moral defender el derecho del pueblo saharaui y exigir a España responsabilidades como potencia descolonizadora en el Sáhara Occidental, según reconocen las Naciones Unidas.

Asimismo, apoyamos y seguiremos todas las acciones de presión para que el estado español cumpla con el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y los compromisos de autodeterminación del Sáhara Occidental.

La principal reivindicación del pueblo saharaui es la de existir, algo negado por la dictadura marroquí. Es la suya, en definitiva, una lucha por la vida y la dignidad.

Sáhara Libre