El campamento de Las Raíces forma parte del Plan Canarias, la iniciativa que el gobierno puso en marcha después de que las imágenes del muelle de Arguineguín en Gran Canaria, con cientos de personas llegadas tras arriesgadas travesías, durmiendo en el suelo, hacinadas en plena pandemia, comiendo bocadillos, pasando días varadas al sol, sin que se garantizasen sus derechos. Estaban al aire libre, a la vista de todos, se hicieran insostenibles.
Desde hace más de un mes, unas 1.500 personas (entre ellas alrededor de 50 menores) se encuentran retenidas en este sitio inhóspito, al norte de Tenerife. Les tienen retenidos en una de las zonas más frías, lluviosas y ventosas de la isla, sin abrigo suficiente, sin comida suficiente y de mala calidad (que les está provocando intoxicaciones), sin agua caliente, sin atención médica ni psicológica de calidad, sin cumplirse los derechos humanos fundamentales y dejándolas expuestas a múltiples factores que ponen en riesgo su salud y sus vidas. Además, reciben malos tratos físicos y psicológicos por parte de la empresa de seguridad del recinto. Todos estos hechos han sido denunciados por las personas acogidas y por el personal contratado por ACCEM, la empresa encargada de este Campamento.
El Gobierno de España, haciendo uso de Canarias como su Colonia en África, ha convertido al Archipiélago en una cárcel de destierro para las miles de personas que llegan a nuestras costas buscando una vida mejor. Lo único que quieren es seguir su camino hacia el continente europeo y reencontrarse, en muchos casos, con sus familias que les esperan al otro lado del mar.
Grande-Marlaska, ministro de Interior y responsable directo de este Campamento, ha declarado que no permite la movilidad de estas personas porque no tiene competencias, debido a que “las políticas migratorias son del conjunto de la Unión Europea y no sólo de España”. Es algo obvio que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos está tratando en este caso a Canarias como un territorio a parte del resto del Estado Español, haciéndonos creer que no está en sus competencias el traslado dentro de sus propias fronteras de las personas migrantes. Sobre el papel es obvio que es el único responsable y que cuenta con la total posibilidad legal para hacerlo. Algo que, por otro lado, ha sido desmentido por Ylva Johansson, de la Comisión Europea, quien señaló en varios medios de comunicación que el Gobierno español tiene total poder de decisión a nivel interno, dentro de su territorio.
Es de vergüenza que un gobierno que se dice de izquierdas esté vulnerando de manera tan clara los derechos humanos de miles de personas migrantes, muchas de ellas menores de edad, que están totalmente bajo su responsabilidad.
Por tanto creemos necesario el cierre inmediato del Campamento de Refugiados de Las Raíces donde se están vulnerando de forma sistemática e institucionalizada los derechos humanos y que el Gobierno español y el autonómico, ambos del PSOE y Unidas Podemos, se hagan cargo de esta situación de forma responsable y respetuosa con los derechos humanos, los cuales han sido firmados por este Estado y aún así están siendo vulnerados por él de forma constante respecto a las personas migrantes. Y permitan el libre tránsito de las personas encerradas en Canarias por todos los territorios del estado español y Europa.
En sus primeros meses de Gobierno, el PSOE de Pedro Sánchez acogió al “Aquarius”, con 630 personas a bordo, y Pedro Sánchez prometió desmarcarse de las políticas migratorias del PP. Al respecto declaró “Podríamos haber mirado para otro lado, como ocurre con demasiada frecuencia respecto al tema de las migraciones”.
Nos preguntamos entonces: ¿hacia dónde está mirando ahora Pedro Sánchez?
Lanzarote 7/04/2021