El Ejecutivo de Paulino Rivero, en una decisión (casi) sin precedentes, ordenó el pasado 23 de abril el cierre de la veterana emirosa "Radio Murión", en la isla de La Palma, alegando en su escrito que todo ello se debía a una serie de denuncias presentadas contra el citado medio "los pasados 22 de enero y 11 de abril". Lo curioso es que todavía no se ha recibido información alguna de quiénes son los misteriosos denunciantes, ni cuáles son los motivos.

Más grave aún es el hecho de que haya intervenido el Servicio de Inspección de Medios de Comunicación (o sea, CC), que alega que la emisora es "alegal" (que no es lo mismo que ilegal); la misma situación en que se encuentra el 80% de las emisoras del Archipiélago; sin olvidar que el llamado Concurso de adjudicación de frecuencias se encuentra en manos de los Tribunales de Justicia (como lo estuvo el de las TDT, que fue anulado por el Tribunal Supremo).

Se da la circunstancia de que "Radio Murión" tiene una gran audiencia en la zona del Valle de Aridane, y que en sus informativos no tienen pelos en la lengua a la hora de denunciar los "desastres" cometidos por los pupilos de Rivero... Lo que hace que muchos se pregunten si "ésto ha tenido algo que ver".

En el escrito "gubernamental" se advierte que si no cerrase la emisora al día siguiente del requerimiento, podría ser sancionada la dirección con entre 100.001 y 200.000 euros. Algo parecido a lo que hicieron con Archipiélago Televisión en junio de 2009 (la amenazaron con 1 millón de euros de multa)... Y ahora, el mal llamado Gobierno canario es el que debe indemnizar a la veterana empresa televisiva lanzaroteña.

- Radio Murión no cierra

Lo cierto es que la Dirección de la emisora decidió no cerrar sus puertas. Y por contra, ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción con el siguiente texto:

"Por burofax.

 

Muy Sr. Mio:

 

Hago referencia a su carta fechada el pasado día 16 de Abril que nos ha dirigido a “RADIO MURIÓN, S.L.”, en la que manifiesta que “…deberá producirse el cese de las emisiones a partir del día siguiente a la recepción de la presente comunicación”. (En adelante “la comunicación”)

 

Dado el antijurídico y arbitrario proceder que entraña el íntegro contenido de dicha “comunicación”, le debo poner de manifiesto que:

 

1. RADIO MURIÓN, S.L. viene emitiendo en la frecuencia 91.0 MHz desde un largo periodo de años, al amparo de legislaciones anteriores a la Ley 7/2010. Dicha situación fáctica supone que la emisión en la citada frecuencia esté amparada bajo el concepto jurídico de “alegalidad” (muy distinto de “ilegalidad”); que otorga un sólido elenco de derechos e impide la orden de cese de emisiones acordada.

 

De hecho, como Vd. conoce, dicha frecuencia ha emitido en exclusiva intervenciones públicas y tertulias radiofónicas de numerosas autoridades locales, autonómicas y nacionales, en el ejercicio de sus cargos, durante incontables  años; sin que por dichas autoridades –de todo signo político- se haya instando medida sancionadora alguna; antes bien, siempre han reconocido la legalidad de la emisión en la citada frecuencia por parte de RADIO MURIÓN, S.L.

 

2. La orden de cese de emisiones acordada en “la comunicación” constituye una antijurídica vía de hecho transgresora de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, pues omite cualquier procedimiento previo que invista de legalidad a la medida acordada: No se ha dado traslado de las supuestas denuncias, ni acordado trámite de audiencia, ni se ha practicado prueba, ni ha existido contradicción, ni “la comunicación” puede entenderse como un “acto administrativo”, pues de su propio tenor se deduce que es manifestación de una ya trasnochada forma de entender la autoridad.

 

3. El cierre que se comunica constituye adicionalmente una frontal transgresión  del Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión amparado por la Constitución Española.

 

4. En la comunicación se menciona el “Registro canario de prestadores del servicio de comunicación audiovisual”, cuyos antecedentes y procedimiento para la inclusión de prestadores en dicho Servicio  está siendo investigado a instancia de la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de tráfico de influencias; tal y como ha sido pública y notoriamente difundido en los medios de comunicación.

 

Dada la situación “sub iudice” de la legalidad de dicho Registro, y para evitar daños de elevada cuantificación económica para el erario público, se da traslado de esta carta a la Fiscalía; a fin de que (a) pueda tener conocimiento del proceder contenido en su “comunicación” en evitación de los citados perjuicios para el erario público, (b) así como para apreciar, en su caso, posible conexión de “la comunicación” con los hechos a los que se refiere la precitada investigación.

 

5. RADIO MURIÓN, S.L. a través de su dirección y gracias a la profesionalidad de su plantilla de trabajadores y colaboradores, ha conseguido niveles de máxima audiencia en su zona de cobertura; tal y como conoce esta Administración. El cierre acordado, además de por su frontal ilegalidad, debe ser revocado por el grave daño social y económico que produciría a las familias de sus trabajadores y colaboradores que, además de por nuestro sustento económico, trabajamos por la libre difusión de ideas y entretenimiento.

 

Quedo a su entera disposición para aclarar o completar la información contenida en esta carta, así como para mantener las reuniones que sean procedentes.

 

No obstante lo anterior, no quiero dejar de manifestarle que, en defensa de los legítimos derechos de RADIO MURIÓN, S.L. y, en su nombre, de sus trabajadores y colaboradores, nos reservamos las acciones que nos asisten en Derecho para reclamar –institucional y/o personalmente- los daños, perjuicios y responsabilidades que se deriven, en su caso, de la ejecución de la ilegal medida acordada en “la comunicación”.

 

 

Atentamente, ".