Asimismo, la organización ha solicitado que "de forma inmediata, y al menos mientras se resuelva el recurso, se paralice" el permiso a la petrolera, según informó Greenpeace en un comunicado.

   Además, detallan las "deficiencias" en la documentación aportada y la "escasa calidad" técnica de la evaluación de impacto ambiental realizada. Por todo ello, la organización ecologista considera que "todo esto ha provocado que se hayan minimizado" los impactos que van a tener las prospecciones sobre la fauna y los ecosistemas marinos, así como las "graves" consecuencias de un vertido de petróleo, además de sobre sectores como la pesca o el turismo.   En cuanto a las razones principales que expone Greenpeace en el recurso se centran en que consideran que hay "defectos formales" del procedimiento administrativo debido a la "incorrecta apertura" del trámite de información pública por la "falta de transparencia del mismo".

   Agregan que estas actividades dependen, "en gran medida, de la calidad de las aguas y playas", a lo que suman que "tampoco se han considerado adecuadamente" cuestiones básicas como el abastecimiento de agua potable para la población de las islas orientales que, recuerdan, "depende casi exclusivamente de la desalanización del agua del mar".

   Finalmente, el responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, considera que "no se ha escuchado ni tenido en cuenta los datos científicos aportados por decenas de organizaciones ni por las administraciones de las islas". Barea aseguró que esta actuación "antidemocrática del Gobierno será contestada por la sociedad civil con todas las herramientas jurídicas y de movilización social que estén al alcance para frenar las prospecciones".