Los 3 Centros de Buceo han sido denunciados, proponiéndose las sanciones contempladas por la Ley. Los precintos serán levantados cuando los equipos pasen la correspondiente inspección y obtengan la certificación del Organismo Certificador Autorizado (OCA).

Inspecciones y denuncias

De esta manera, el GEAS, coordinándose en unas ocasiones con los inspectores respectivos de los citados organismos, o de oficio en otras, han realizado una serie de inspecciones en los citados establecimientos, tanto a raíz de varias denuncias presentadas por presuntas irregularidades como por iniciativa propia.

A raíz de los mencionados reconocimientos, se han denunciado a 10 centros de buceo de las tres islas y a cuatro empresas dedicadas a la misma temática, denunciándose 28 infracciones a las citadas normativas y precintándose temporalmente 3 compresores, todos en la isla de Lanzarote.

Denuncias a los centros de buceo

Han sido realizadas por infracciones al Decreto 35/2006, la mayoría motivadas por carecer de contrato con cámara hiperbárica y no poseer de la preceptiva autorización de la Viceconsejeria para la realización de enseñanzas deportivas recreativas.

Además se procedió a la denuncia de 3 centros por haber pasado la correspondiente inspección del Organismo Certificador Autorizado (OCA) de sus compresores –utilizados para rellenar las botellas de aire comprimido-, y desconocer Industria la posesión del mismo por parte del centro de buceo en cuestión, procediéndose paralelamente al precinto de las referidas máquinas, el cual se levantaría una vez pasado la correspondiente OCA; también se tramitaron varias denuncias por poseer botellas de aire comprimido sin contrastar.

Denuncias a las empresas de buceo

En este caso, la mayoría de las infracciones se cometieron contra la Orden de 14 de octubre de 1997 del Ministerio de Fomento, por incumplimiento de diversas normas de seguridad como realizar actividades de submarinismo con material inadecuado o la falta de personal para completar el equipo mínimo de buceo.

Sanciones

Las denuncias de este tipo serían tramitadas de acuerdo a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y pueden conllevar multas de hasta 3.000 euros las infracciones leves, o desde 90.000 euros a 600.000 euros.

Con independencia de lo anteriormente citado, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán ordenar la paralización de un equipo o instalación.

La aplicación de las sanciones previstas por esta Ley se tramitarán con independencia de otras responsabilidades legalmente exigibles, en este caso, posibles indemnizaciones de daños y perjuicios.

La Guardia Civil explica en su nota que el GEAS, en el marco de las competencias que le confiere el estado a través del artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vela por el cumplimiento de la normativa y disposiciones vigentes relacionadas con la realización de actividades subacuáticas.

En ese marco legislativo diferentes decretos regulan el ejercicio de las mencionadas actividades de buceo, etc. como son:

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

• Decreto 35/2006 de 25 de abril, por el que se regulan los centros de buceo y las enseñanzas deportivas-recreativas subacuáticas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas (Ministerio de Fomento).