La Fiscalía de Las Palmas ha defendido este viernes la legalidad de su actuación en el "caso Unión" frente a las sospechas de manipulación del proceso manifestadas por los imputados en esta trama, la mayor causa por corrupción política y urbanística que se investiga en Canarias.

El "caso Unión" se ha visto salpicado en las últimas semanas por quejas de supuesta manipulación del proceso expresadas por las defensas, por la denuncia de su primer instructor, César Romero Pamparacuatro, de que han desaparecido pruebas e, incluso, por una querella por prevaricación interpuesta por el secretario del Juzgado de Arrecife que tramita la causa contra su actual titular.

En una entrevista con Efe, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, ha defendido que ninguna de esas incidencias afectan a las acusaciones formuladas ya por el Ministerio Público en dos de las piezas más importantes de caso.

Tanto el proceso que se sigue contra el empresario Luis Lleó por intentar comprar, presuntamente, a un consejero del Cabildo de Lanzarote para desbloquear una operación urbanística de 69 millones de euros, como la abierta contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín y el exconsejero regional de Empleo Francisco José Rodríguez Batllori llegarán a juicio, ha asegurado el fiscal jefe de Las Palmas.

García Panasco ha recordado que son muchas las piezas abiertas en este caso, cuya competencia recae en las fiscalías de Medio Ambiente, de Delitos Económicos y Anticorrupción.

En algunas ya se ha formulado escrito de acusación y en otras se ha pedido el sobreseimiento o se practican aún diligencias, como ocurre con la trama referida a la adjudicación de servicios por parte del Ayuntamiento de Arrecife a la empresa Urbaser y al plan general de urbanismo de la capital de la isla.

En cualquier caso, ha afirmado que las sospechas y denuncias presentadas no afectan a la posición del Ministerio Fiscal, porque "todo lo que ha sido objeto de acusación se ha obtenido de lo que consta en las actuaciones y con material probatorio suficiente para actuar". De lo que no hay pruebas, ha añadido García Panasco, se ha pedido sobreseimiento y lo pendiente está aún por tramitar.

El fiscal jefe de Las Palmas ha recordado que la propia acusación pública ha denunciado las posibles vulneraciones de derechos de los imputados cuando creyó que estas existían, como cuando recurrió la incomunicación de varias personas detenidas por entender que era desproporcionada o cuando instó la nulidad de los registros en el domicilio del empresario Luis Lleó.

En cuanto a la desaparición del CD con una grabación del denunciante del caso, el consejero socialista Carlos Espino, García Panasco ha considerado que la conversación que recogía es "inocua e irrelevante absolutamente", porque de ella no se deduce ninguna comisión de hecho delictivo, por lo tanto, no afecta a la posición de la Fiscalía.

Sobre la denuncia presentada por Romero Pamparacuatro, entiende que es genérica, porque plantea una posible sustracción de una veintena de autos, aunque no descarta un mero extravío, por lo que se analizará detenidamente, pero es pronto para valorar las consecuencias de ese escrito.

En relación a que en la causa existen autos del juez Pamparacuatro sin firmar y faltan documentos por incorporar al expediente, García Panasco ha indicado que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que la mera falta de una rúbrica en una resolución judicial o que un documento no se haya impreso e incorporado a los autos, suponen una irregularidad de tipo procesal formal que es subsanable.

De hecho, la Fiscalía ha solicitado una diligencia a la instructora del caso para que se proceda al volcado de los archivos del ordenador del primer juez instructor del caso.

García Panasco también ha apuntado que esa denuncia no afecta a las acusaciones formuladas y ha citado como ejemplo lo ocurrido en con el "caso Gürtel", que no ha sido invalidado, a pesar de que una de las pruebas, la grabación de conversaciones entre imputados y sus abogados en prisión, ha sido anulada e, incluso, ha provocado que se condenase a su instructor, el juez Baltasar Garzón.

La postura de la Fiscalía, ha insistido, ha sido siempre velar por la legalidad, "subsanar" todo lo que se pueda, poner de manifiesto cualquier vulneración de los derechos fundamentales y formular acusación si existe material o pedir el sobreseimiento.

"El problema en este caso es que se está mezclando todo y hay que separar el grano de la paja, que es lo que trata de hacer la Fiscalía", ha señalado.

En cuanto a la "macroquerella" anunciada por las defensas, ha insistido en su convencimiento absoluto de que el Ministerio Fiscal ha actuado conforme a la legalidad y ha recordado que no es la primera vez que personas imputadas en procedimientos diseñan una estrategia centrada en errores de procedimiento,.

A juicio de García Panasco, es una "locura" que se pretenda sostener que el juez acordara las entradas y registros después que estas ya se hubieran realizado: "De eso no se tiene constancia, sino justo de lo contrario".

"Es necesario que impere la racionalidad y recuperar la normalidad en este proceso, que es lo que tratará de hacer la Fiscalía", ha concluido García Panasco, informa EFE.