El Destacamento de Protección de la Naturaleza (DEPRONA) de Timanfaya de la Guardia Civil, junto con el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, ha recuperado dos anclas de valor arqueológico e histórico que un ciudadano español vendía a través de internet. Éste a su vez ha sido denunciado por una infracción administrativa a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. Los dos objetos, a falta de una correcta datación, pertenecen a un período comprendido entre los siglos XVII y XVIII, según ha informado la Guardia Civil.

Fue un vigilante del Servicio de Patrimonio quien, el pasado día 6 de marzo, detectó en Internet que una persona, con domicilio en Lanzarote, vendía dos anclas con un potencial valor histórico, por lo que avisó inmediatamente a la Guardia Civil.

El día 8, efectivos del DEPRONA acudieron al lugar en cuestión, un recinto propiedad de una empresa -la cual "colaboró en todo momento y autorizó la inspección correspondiente", según precisa la Guardia Civil- y donde se encontraron las anclas.

Una vez localizado al vendedor, éste admitió ser el propietario, aunque reconoció que no poseía ningún título o documento que amparase la procedencia legal de las anclas. Al no comunicar a las autoridades competentes el hallazgo de las anclas  e intentar traficar con ellas, esta persona fue denunciada por una infracción grave, interviniéndose las anclas.

- Infracción Grave al artículo 96

Paralelamente, la Guardia Civil pidió colaboración al Cabildo para llevar a cabo el traslado de las anclas, que fueron depositadas el pasado día 10 en el Fondo Arqueológico de la Corporación insular. Consecuentemente esa persona, al no comunicar a las autoridades competentes el hallazgo de las anclas e intentar traficar con ellas, fue denunciada por una infracción grave al artículo 96, apartado 2 i, de la mencionada Ley, interviniéndose las anclas.

La Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico prevé diferentes sanciones ante actos que dañen o perjudiquen los bienes y objetos históricos y arqueológicos, las cuales son en su mayoría multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros. En este caso en concreto, la normativa establece multas desde 3.001 hasta 150.000 euros.