FOTOS: AMOS MACHÍN

Tal y como denuncia José Ángel, "en el año 2011 el Gobierno canario firmó un Convenio con la empresa Inversiones Euroislas SL, propietaria de un edificio de apartamentos en la calle Alonso Cano, para que los mismos fueran destinados como Viviendas de Protección Oficial". Dicho contrato, prorrogable de 2 a 5 años, contemplaba que los adjudicatarios de las casas, "pagaran 50 euros mensuales", haciéndose cargo el Ejecutivo regional del resto.

En aquel momento, se presentaron "hasta 300 familias necesitadas de una ansiada vivienda", pero tras la obligada selección, "fueron 17 las familias que lograron acceder a una casa, entre las que se encontraba la mía". Marrero recuerda que "durante los 2 primeros años, la Consejería de Vivienda cumplió con su compromiso". Pero a partir de 2013, "nos dijeron que la crisis había mermado las ayudas para pagar los alquileres, y nos pidieron que tuviéramos paciencia".

- "Inés Rojas nos engañó"

Todos los afectados acudieron a la Oficina de la Consejería de Vivienda, con la intención de recordarle a Inés Rojas su promesa del año 2011. Pero sólo les atendía una funcionaria que les pedía "paciencia, que el dinero volvería a llegar". Motivo por el cual José Ángel ha sido tajante al afirmar que "Inés Rojas nos engañó, pues nunca volvieron a pagar los alquileres, obligándonos a la mayoría a abandonar las viviendas que con tanta ilusión habíamos habitado".

"Claro, no era lo mismo pagar 50 euros mensuales, que tener que afrontar un nuevo alquiler de 365 euros al mes", recuerda González Marrero, "máxime cuando yo sólo cobro una miserable pensión de 459 euros mensuales". Motivo por el cual, me encontraba con el lógico dilema: "O pagaba el nuevo alquiler, o comía. Y yo tenía que mantener a mi familia". Así que llegó un momento en el que ya debía 4 meses de alquiler.

- "El Colegio de Abogados no quiso defenderme"

Durante todo ese tiempo, José Ángel estuvo solicitando ayudas en el ayuntamiento de Arrecife, pero allí también le pedían "paciencia". Y mientras tanto, la deuda aumentaba. Motivo por el cual, el propietario de la empresa responsable de las viviendas lo denunció en el Juzgado, reclamándole "más de 1.900 euros". 

En septiembre de 2013, José Ángel se trasladó con su familia a casa de su suegra, que acababa de fallecer. Y para evitar llegar al Juzgado, asegura que le ofreció a la empresa que "se quedara con todos los muebles de la casa, que los pagué yo, y con todas las instalaciones de agua y luz y otras obras, que también las pagué; todo ello a cambio de la deuda". Tal y como ha afirmado en O2 Radio, "mi mujer y el empleado del propietario firmaron un acuerdo en ese sentido, prometiéndome una copia al día siguiente". Sin embargo, la empresa continuó con sus acciones judiciales contra una familia que subsiste con 459 euros al mes, y que redondea sus ingresos con un pequeño puesto en La Recoba municipal.

Para mayor sorpresa, denuncia que "fuí al Colegio de Abogados para pedir un Abogado de Oficio, y me dijeron que no tenía ningún derecho porque ME RECLAMABAN MENOS DE 2.000 EUROS. ¡Es indignante!". Al final tuvo que aceptar un Juicio Verbal (sin abogado) en marzo, donde fue condenado a pagar "más de 1.500 euros".

En la actualidad, José Ángel González Marrero estudia emprender acciones judiciales contra Inversiones Euroislas SL, ya que "tienen todos mis muebles, y todas las infraestructuras que yo instalé. Que me las devuelvan o que me las paguen". Recordando que "si no fuera por la casa de mi suegra, hoy estaría con mi familia en la calle", y es que 13 de las 17 familias iniciales, asegura, tuvieron que marcharse.