“Si el Gobierno de Canarias y la consejera Inés Rojas tuviera voluntad y realmente quisiera, los proyectos de rehabilitación y reposición de viviendas de los barrios de Titerroy y Valterra podrían iniciarse mañana mismo”.

 

Según la parlamentaria y presidenta de los populares lanzaroteños, Astrid Pérez, la propia consejera Inés Rojas ha llegado a reconocer que el dinero está en las cuentas del Gobierno de Canarias, “lo que nos parece realmente intolerable, porque dónde tendría que estar es ejecutándose en las casas de las familias afectadas”.

 

Para Pérez, lo que está haciendo Rojas es utilizar el nuevo convenio que se va a firmar entre el Estado y las CCAA (2013-20169 para “justificar lo injustificable” y que “no ha hecho nada en materia de rehabilitación de viviendas desde que es consejera de este área”.

 

De hecho, en un Informe del propio Ministerio de Fomento se señala que “la fecha de suscripción del nuevo convenio es indiferente para el normal desarrollo de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como para su financiación, puesto que el nuevo conveniogarantiza su continuidad y la Comunidad Autónoma de Canarias dispone de esos 72,4 millones de euros (*) que no ha justificado, entendemos su no justificación porque no se ha transferido a los beneficiarios de dichas ayudas”.

 

Así lo han puesto de manifiesto tanto la presidenta del PP lanzaroteño, Astrid Pérez, como la vicesecretaria de Políticas Sectoriales y portavoz parlamentaria, Cristina Tavío, que hoy han comparecido en rueda de prensa para informar del desarrollo de la campaña de recogida de firmas realizada en Lanzarote y que se sumará a la petición de amparo a la Defensora del Pueblo que también se ha realizado desde el resto de islas afectadas por el incumplimiento de la consejería de Vivienda.

 

En Lanzarote se han recogido cerca de 300 firmas de ciudadanos y vecinos afectados por la paralización de los ARUS de Valterra y Titerroy, cuya responsabilidad recae única y exclusivamente en el Gobierno de Canarias que después de recibir el dinero del Estado no ha iniciado ni uno sólo de estos dos proyectos.

 

Desde el PP se recuerda que el Estado transfirió sólo para estos dos proyectos 2,1 millones de euros, que forman parte del computo total el Gobierno de Madrid entregó al Gobierno de Canarias en 2011. Del dinero que puso el Estado, el Gobierno de Canarias sigue sin justificar 51,4 millones de euros.

 

“A día de hoy, todos los proyectos de rehabilitación están paralizados por la incapacidad y la incompetencia del Ejecutivo regional para poner en marcha estos convenios de rehabilitación”, señala Cristina Tavío.

 

(*) Después de que el Ministerio de Fomento emitiera este informe en marzo, a finales de ese mismo mes, el Gobierno de Canarias justificó unos 20 millones de euros. Por tanto, en aras a la rigurosidad, a los 72,4 millones habría que restarle esa cantidad