Además
El artículo 154.2 del Estatuto Político de Canarias, dispone que la declaración y delimitación de los Parques Nacionales en Canarias requiere informe preceptivo de la Comisión Bilateral Canarias-Estado. No consta que se haya emitido dicho informe, mientras que ya el Estado ha delimitado la extensión del primer parque nacional marino, según aparece en la prensa, sin que el Gobierno de Canarias se haya enterado de nada.
Por otra parte, dicho precepto también establece que la gestión de los Parques Nacionales en nuestro territorio pertenece al Gobierno de Canarias, pero los distintos informes emitidos por el Estado se arrogan esa gestión, despreciando lo dispuesto en nuestro Estatuto.
Hay que recordar que el nuevo Estatuto Político de Canarias, aprobado en 2018, establece en su artículo 4, que el ámbito espacial de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por el mar, las siete islas con administración propia, La Graciosa y los cinco islotes, y que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción, se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como para los terrestres.
Por tanto, salvo que el Estatuto Político de Canarias diga otra cosa, que en este caso no lo dice, las competencias se ejercen tanto en tierra como en mar.
Como el artículo 154 no distingue, la gestión de todo parque nacional, sea terrestre o marino, corresponde a Canarias.
Liberación Canaria lamenta que el Gobierno de Canarias ni se entere de que se nos estén birlando competencias, pareciera que solo está interesado en hacer bloque con el PP y Vox contra el PSOE, mientras hace dejación de la defensa de los intereses nacionales de Canarias, que no sabe defender o no quiere hacerlo, lo que explicaría nuestro fracaso como sociedad.
Además de la controversia suscitada con la población herreña respecto de la decisión del Ejecutivo del Estado Español que, en plena negociación de las condiciones, aprobó el pasado martes en el Consejo de ministros la propuesta sin haber llegado a un acuerdo sobre los detalles con las instituciones y sectores afectados de la Isla para el primer parque nacional marino que no convence a los vecinos de la isla pues se plantean «restricciones» que, tal y como presenta el Estado, podría limitar los usos y costumbres que forman parte de la idiosincrasia herreña.