Impacto negativo sobre los usuarios y demandantes de atención social

El nuevo decreto elimina el crucial Informe Social, sustituyéndolo por un ambiguo "Informe del Entorno", un instrumento inventado que no garantiza decisiones adecuadas sobre los servicios y prestaciones que recibirán los ciudadanos. Esto podría llevar a situaciones de indefensión, donde personas en situación de dependencia no reciban la atención necesaria debido a la falta de un análisis profesional profundo de sus circunstancias. La implementación de este informe arbitrario pone en riesgo la correcta asignación de servicios, especialmente en casos donde los usuarios se encuentran en situaciones de abandono por parte de sus familiares.

Además, el decreto establece que los derechos de los solicitantes se extinguirán si no reciben servicios dentro de un plazo de tres meses, lo que en muchos casos es imposible de cumplir debido a factores fuera del control de los usuarios, como listas de espera. Esto no solo dejaría a muchas personas fuera del sistema, sino que saturaría aún más los medios administrativos al obligar a los solicitantes a iniciar el proceso desde cero, inflando artificialmente las estadísticas de resolución de expedientes.

Perjuicios a la labor de los trabajadores sociales y valoradores

El decreto propuesto atenta directamente contra la profesionalidad y autonomía de los trabajadores sociales. Al sustituir el Informe Social por el Informe del Entorno, se devalúa el trabajo esencial de estos profesionales, reduciendo su rol a la mera ejecución de un procedimiento burocrático que no contempla la complejidad de las situaciones que enfrentan los usuarios. Esta medida va en contra de la normativa vigente, ignorando el Acuerdo del Consejo Territorial y la Ley 39/2006 de Dependencia, comprometiendo la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.

Por otra parte, el decreto permite que valoraciones cruciales para la vida de los dependientes sean realizadas por profesionales externos, ajenos al servicio central, sin exigir una cualificación académica específica o una formación adecuada en materia de dependencia. Esto abre la puerta a valoraciones erróneas y pone en peligro la igualdad y la seguridad jurídica del proceso, generando una situación de vulnerabilidad tanto para los usuarios como para los propios trabajadores.

Consecuencias para el sistema de atención social

Este nuevo decreto desmantela los mecanismos de control y supervisión que garantizan la calidad y la justicia en la atención a la dependencia en Canarias. Al dejar en manos de la Consejería y la Dirección General la potestad de definir las funciones y el funcionamiento de los órganos de valoración, se corre el riesgo de politizar un proceso que debería estar basado en criterios técnicos y profesionales. La posibilidad de que se realicen valoraciones sesgadas, influenciadas por intereses políticos, es una amenaza real que podría llevar a que muchos canarios queden fuera del sistema o reciban un grado de dependencia inferior al que realmente les corresponde.

Desde Liberación Canaria exigimos la retirada inmediata de este proyecto de decreto y la apertura de un diálogo real con los profesionales del sector y las organizaciones de defensa de los derechos de las personas dependientes. Este decreto no solo pone en riesgo la vida y bienestar de los ciudadanos más vulnerables, sino que también compromete la integridad y profesionalidad del sistema de atención social en Canarias. No podemos permitir que decisiones políticas mal fundamentadas destruyan el tejido de apoyo que tantos años ha costado construir.

Ricardo González Roca Fonteneau

Secretario Nacional de Organización y Comunicación de Liberación Canaria

13/08/2024