Alternativa Ciudadana rechaza las duras condenas dictadas por un tribunal marroquí contra 24 activistas saharauis el pasado 19 de julio. Se trata de los integrantes del Grupo de Gdeim Izik, que, en conjunto, han recibido la pena de 291 años y cadena perpetua.

La organización asamblearia recuerda que las personas juzgadas fueron detenidas y encarceladas tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, por parte del Ejercito marroquí en 2010. Por ello, destaca su condición de presos políticos, ya que, en el momento de su detención, protestaban de forma pacífica por la ocupación de los territorios saharauis por parte de Marruecos, un hecho que atenta contra del derecho internacional y contra los criterios sobre descolonización de Naciones Unidas.

La consideración como juicio político ya fue establecida en octubre de 2016 por la Audiencia Nacional del Estado español, al conceder el estatuto de refugiado a Hassana Alia, condenado a cadena perpetúa por un tribunal militar de Marruecos por su participación en el mismo campamento.

Alternativa Ciudadana destaca que el juicio que concluyó en Rabat el 19 de julio  no cumplió con las garantías procesales exigibles, tal como denunciaron los acusados al ausentarse de las sesiones desde el pasado mes de mayo, en protesta por sus irregularidades. La primera de estas actuaciones que obligan a declarar el juicio nulo consiste en que los tribunales marroquíes no tienen competencia para juzgar asuntos que sucedieron en el Sáhara Occidental, según establece la ONU.

Asimismo, se han incluido en el proceso confesiones obtenidas con tortura, pruebas no relacionadas con las personas acusadas y testimonios dudosos, a lo que se añade la constante intimidación a las familias de los activistas y a las organizaciones internacionales que los acompañaban.

La formación política afirma que distintos organismos internacionales coinciden en señalar estas denuncias, entre ellos, el Consejo General de la Abogacía Española, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Centro Robert F. Kennedy y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, así como distintas organizaciones políticas y personas presentes como observadores internacionales.

Los asamblearios recuerdan que la ocupación del territorio saharaui por parte de Marruecos constituye una grave violación del derecho internacional, que se perpetúa desde hace más de cuatro décadas en una situación vergonzosa a la que no es ajena la inhibición del Estado español, con responsabilidades en el caso por ser la única potencia administradora del territorio reconocida por Naciones Unidas y por mantener unas relaciones de complicidad con Marruecos que son contrarias a la justicia y a los objetivos de la paz, la solidaridad y la libre autodeterminación de los pueblos.

A juicio del movimiento político y social lanzaroteño, el Gobierno de Canarias debe actuar con este mismo criterio y, por tanto, exige el equipo de Clavijo que exprese a Marruecos el malestar compartido por la ciudadanía del Archipiélago por la violación constante de los derechos humanos del pueblo saharaui y que sea consecuente con esta preocupación mediante acciones que condicionen la relación con Marruecos al respeto al derecho internacional en el territorio de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) hasta que concluya exitosamente el proceso de descolonización del territorio del Sáhara Occidental y la conquista de su autodeterminación por parte del pueblo saharaui.