El único interés del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, es abrir nuestra tierra a los grandes capitales especulativos, debido a la aplicación de un encargo hecho por un reducido grupo de empresarios de la construcción y el turismo. La razón de fondo para promover esta ley, darle tanta prioridad y tanta urgencia, por encima de muchos problemas sociales muy graves que padece Canarias, es desbrozarle el terreno a los grandes capitales con vocación especulativa, que están acechando mientras su medianero Clavijo, les hace el trabajo sucio.

La Ley del Suelo tiene una gran trascendencia para todo el Archipiélago porque sobre este instrumento jurídico se asienta un concepto del modelo de desarrollo económico y social que va a condicionar la forma de vida de toda la comunidad en las próximas décadas.

La Ley del Suelo que pretende imponer el presidente canario rompe con el modelo de uso del suelo impulsado en 1987 por el Pacto de Progreso, que basó su legislación en tres principios: la protección del suelo rústico, la eliminación de las tentaciones de municipios sobre usos diferenciados del territorio, y la defensa de los espacios naturales. Aunque el desarrollo normativo estableció filtros que hasta ahora persuadían de cometer desmanes sobre el territorio insular a agentes técnicos y políticos -que habitualmente actuaban en colaboración con grandes empresarios-, la propuesta de la Ley del Suelo de Clavijo pretende legalizar todas las prácticas irregulares y tropelías que durante los últimos años han querido implantar por la vía de los hechos un reducido grupo de empresarios y sus embajadores políticos, sentencia los asamblearios.

Alternativa Ciudadana, sostiene que el proyecto de Clavijo desprecia el planeamiento, que dejaría de ser necesario y podría saltarse fácilmente; se pasaría así de un urbanismo planificado a uno de ejecución singular de proyectos que generará caos urbanístico, deterioro del paisaje, destrucción de recursos naturales y un uso indebido del suelo.

Pero es más, entre los efectos de la ley, al otorgar a los ayuntamientos toda la competencia en ordenación del territorio y en evaluaciones ambientales estratégicas, se pierden garantías jurídicas, ambientales y participativas, además de perderse coherencia y cohesión social en Canarias, mientras las alcaldías serán el nido de los nuevos caciques del territorio, por disponer de forma discrecional y arbitraria para autorizar los proyectos que quieran y donde quieran.

El movimiento político y social lanzaroteño afirma que el modelo de desarrollo económico y social para las próximas décadas es tan impactante para toda la comunidad que debe discurse colectivamente, en un proceso en el que tienen que participar los sindicatos, organizaciones ecologistas, sociales y culturales, partidos políticos extraparlamentarios, profesionales de sectores implicados en la conservación del territorio y juristas, entre otros; pero, especialmente, debe participar la ciudadanía convocada con este fin y preparada como opinión pública consciente de todas las opciones.

Si finalmente el Parlamento de Canarias acaba aprobando la ley, la organización asamblearia está convencida de que esa ley caerá más pronto que tarde porque la ciudadanía canaria impedirá su aplicación.