supremo

El Tribunal Supremo, en sentencia firme, ha dejado bien clara la "ilegalidad" de la vía de Tahiche, 7 años después de que el entonces Consejero de Infraestructuras del Gobierno canario aprobase el polémico "Proyecto de Duplicación de Obras de la Carretera de Tahiche". Esta sentencia es la confirmación definitiva de la que ya dictó en 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

ACULANZA

El Tribunal Supremo, en sentencia firme, le ha dado la razón a la multinacional Lidl en su lucha por instalar un Supermercado con la ansiada Linea de Descuento Duro en Lanzarote. De esa forma ha sido definitivamente rechazada la postura de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno canario, que en 2007 (siguiendo las directrices del oligopolio comercial de la isla), había denegado la licencia a la citada empresa.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad de la subida del precio del agua por parte de la empresa INALSA, ocurrida en 2008 bajo el mandato de Manuela Armas (PSOE) con el apoyo de Fabián Martín (PIL). Esta sentencia confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (en octubre de 2010), ANULANDO "la subida de las tarifas" iniciada en enero de 2009, y aceptando el Recurso Contencioso-Administrativo presetado entonces por ASOLAN. Según una comunicación del PP, "esta sentencia podría obligar a la devolución de UNA MILLONADA a los usuarios de INALSA en estos años atrás".

Vicente Bartolomé Fuentes ha sido cesado como Secretario del Ayuntamiento de Yaiza, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que lo condenaba a 5 años de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Asimismo, el que fuera aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco, ha sido suspendido en sus funciones por el mismo delito aunque trasladado a otra oficina del Consistorio.

El Tribunal Supremo ha declarado "firme" la sentencia dictada en 2009 por la Audiencia Nacional, que confirmaba que la localidad de El Golfo (Yaiza) "no estaba consolidada como núcleo urbano antes de la aprobación de la Ley de Costas". Con lo cual queda aprobada la Orden Ministerial del 19 de julio de 2006, solicitando "el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la parte norte de El Charco de los Clicos y el final del núcleo urbano de El Golfo". Es decir, que todas las viviendas que se encuentren dentro de la zona de servidumbre de los 100 metros, estarían condenadas a muerte...

El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Arrecife, a pagar 148.000 euros (más los intereses) a los dueños de una parcela de 535 m2, que había sido expropiada por el consistorio para construir sobre ella una cancha de bolas. La misma familia tiene otra demanda por un terreno en similares circunstancias, que también está siendo estudiada por el alto tribunal.

El Tribunal Supremo, en Sentencia Firme, ha dictaminado que "el reparto de licencias de televisión digital terrestre (TDT)", realizado por la empresa externa Doxa Consulting a instancias del Gobierno canario, "FUE ILEGAL", ordenando que se evalúen "DE NUEVO los proyectos presentados al concurso público en 2007". Esta sentencia significa que las 2 televisiones que fueron obligadas a cerrar (Archipiélago Televisión y Televolcán) "bajo amenaza de multa de 1 millón de euros", podrían no sólo volver a optar al concurso; sino también a solicitar "UNA FUERTE INDEMNIZACIÓN AL EJECUTIVO AUTÓNOMO", como organismo responsable de su clausura.

JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN: Se trata de un ente soberanista, de carácter privado, compuesto por patriotas íntegros cuya principal misión, dada su naturaleza apartidista, será la de orientar, fortalecer y aglutinar a todas las organizaciones y personas que luchan por la libertad y el bienestar social de Canarias. Igualmente se trata de un consejo interno de última instancia al que se puede recurrir en caso de desacuerdo. No obstante, las organizaciones y personas que confluyan agrupadas en pro de la soberanía y el desarrollo socioeconómico de la nación canaria deben constituir una especie de tagoror o comité conjunto para consensuar o resolver cualquier diferencia o interpretación en todo el proceso.