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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, investigó una serie de viajes pagados por las arcas del Ayuntamiento de Arrecife, a familiares directos de la entonces Alcaldesa, María Isabel Déniz. Asimismo, y siempre dentro del marco de la Operación "Unión", se han estado realizando pesquisas sobre los viajes realizados por la ex-Viceconsejera de JUSTICIA y también ex-Directora General de Relaciones con la Justicia del Gobierno canario, Carolina Déniz, hermana de la anteriormente citada ex-primera edil capitalina.

   El Gobierno de Canarias ha asegurado que "no existen motivos de alarma" en el edificio judicial de Arrecife tras los resultados analíticos obtenidos de seis trabajadores que muestran determinaciones aisladas de arsénico. En este sentido, el Ejecutivo autonómico apuntó que según el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a través de la empresa con la que se tiene concertada la especialidad preventiva de medicina del trabajo, Fremap, los resultados "estarían dentro de los valores normales" que manejan la Asociación Española de Toxicología (AETOX) y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la nulidad de las licencias (hasta 4) que permitieron la construcción del polémico Hotel "Papagayo Arena", confirmando a su vez que el inmueble se "edificó en primera línea de costa invadiendo por completo el vial público de 5 metros de ancho que separa" las dos parcelas en que se asentó el mismo, haciendo "desaparecer" el suelo público. Para el alto Tribunal, se ha "vulnerado de forma flagrante y grotesca la ordenación urbanística aplicable", sumado el hecho de que "tampoco se respetaron los retranqueos". Dicha circunstancia abre la puerta a una posible demmolición del establecimiento hotelero.

La Alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, acompañada de una cohorte de "técnicos", ha defendido públicamente la "legalización" de los establecimientos hoteleros anulados por los Tribunales de Justicia, dentro del todavía no aprobado Plan General de Yaiza, a cambio de "una compensación económica" que rondaría los 4 millones de euros. En la misma comparecencia, el Vicenconsejero Autonómico de Política Territorial, Mario Pérez, defendió la "resurrección" del Plan Parcial Playa Blanca, ilegalizado por la Justicia. Un plan que, irónicamente, había impugado en su época de Presidente del Cabildo. Ninguno de los dos políticos explicó como iban a "incumplir" las Sentencias Judiciales Firmes.