desahucio

Dolores María Campos Hernández es una veterana trabajadora del Servicio Canario de Salud, que desde hace 33 años es propietaria de una vivienda de Protección Oficial en la zona residencial de Los Alonso, más concretamente en la calle Palencia. Y que hace “unos 3 años” decidió alojar a una amiga “temporalmente”, la cual con el tiempo (según denuncia) se había quedado con la casa, dejándola a ella en la calle… Los tribunales de justicia le han dado la razón a la denunciante hasta en dos ocasiones, pero justo en el momento en que se iba a proceder al desahucio de la demandada, el Instituto Canario de Vivienda ha pedido que se paralice el desalojo hasta que la presunta okupa “encuentre una casa en la que alojarse”.

El Tribunal Supremo ha rechazado "en firme" todos los recursos que había presentado la empresa Juan Antonio Rivero SL, solicitando el desahucio de una de las 6 familias que ocupan las casas que había comprado a la Iglesia. El Alto tribunal deja bien claro que las alegaciones no tienen sentido ya que  "existiendo un contrato de arrendamiento y por tanto título legítimo para usar la vivienda, no procede el desahucio por precario".

FOTOS: CARLOS VALIENTE. Desde las 07,00 horas de la mañana de hoy, decenas de ciudadanos así como miembros de la Plataforma Anti Desahucios (PAH), han venido concentrándose frente a la vivienda del vecino Luis Manuel Torres Guillén, amenazado de desalojo por el Juzgado de Arrecife. En el lugar se encuentran 5 furgones policiales, a la espera de la llegada del Secretario Judicial.

El Juzgado ha ordenado paralizar el desahucio de los ancianos Sinforiano Lemes (90 años) y Pilar Callero (87 años), tras "aparecer" el Acta Notarial que demuestra que la Iglesia (católica) y la empresa que había comprado la vivienda en la que habitan, habían "pactado" el realojo de ambos en precario, "mientras vivan". Un documento cuya copia (obligatoriamente) está en manos de IVECO, y que sin embargo ha continuado con su pretensión de desalojo de 6 familias humildes.

Alternativa Ciudadana 25 de mayo ruega  a Iveco y al Juzgado que detengan el desalojo de Sinforiano y Pilar, los dos ancianos de 87 y 90 años que serán desalojados de su vivienda el próximo 23 de mayo.

O2 RADIO - LA HORA DE LA VERDAD: El ex-Presidente de la Asociación de Vecinos de Argana Alta, Andrés Medina, ha asegurado que un Asesor de la empresa IVECO "ha tratado de chantajear" a los inquilinos de las 4 viviendas amenazadas de desahucio, "con una limosna". Todo ello después de que el Vicario de la Diócesis de Canarias afirmase que "la Iglesia ha perdido dinero" para conseguir "el realojo" de las familias afectadas.

El Vaticano ha recibido el Escrito-Denuncia presentado por el ex-Presidente de la AAVV Argana Alta, Andrés Medina, en el que se reflejan las "irregularidades" presuntamente cometidas por el que fuera Párroco de San Ginés, Antonio Perera, y por la propia Diócesis de Canarias, en la venta de 6 viviendas "con todos sus inquilinos dentro", algunos de ellos después de más de 50 años habitándolas.

El ex-presidente de la Asociación de Vecinos de Argana Alta, Andrés de la Cruz Medina, ha remitido un amplio Dossier a la atención del Papa Francisco, exponiendo todos los "oscuros" trámites realizados por la Diócesis de Canarias y la Parroquia de San Ginés, para culminar con el desahucio de 6 familias de las viviendas que llevan ocupando toda su vida. A su vez ruega al Vaticano que investigue la venta de las viviendas (con los inquilinos dentro), y el papel jugado por el párroco Antonio Perera Pérez y el Vicario Juan Artiles Sánchez en toda esta trama.

Un anciano de 90 años y su esposa de 87, están viviendo una situación kafkiana: tras 54 años ocupando una vivienda sita en la calle Palacio Valdés (Argana Alta), ven como un sacerdote (Antonio Perera), en nombre de la Diócesis de Canarias, vende la casa "con ellos dentro" sin siquiera informarles; peor aún, tras ganar el primer juicio en Arrecife, la Audiencia Provincial da una sentencia "contradictoria"; y por si fuera poco calvario, su abogado (Augusto Lorenzo Tejera), y su Procuradora (Gemma Ayala Domínguez), "se olvidan" de informarles de la sentencia, y de presentar recurso. ¿Resultado? El Juzgado ha ordenado que sean desahuciados de la que ha sido su vivienda y donde han criado a sus 9 hijos...