Hoy 20 de noviembre de 2013, los Colegios de Abogados de España, han convocado concentraciones de los abogados ante todos los partidos judiciales, en señal de rechazo a la Ley de Tasas Judiciales[1]; hoy, exactamente hace un año, vería la luz una Ley de Tasas rechazable y lesiva, por lo discriminatoria de la misma; impuesta, de manera  unilateral por el Gobierno liderado por el PP, a través de su Ministro de Justicia el Sr. Don Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez; lo que, ha ocasionado una clara contradicción respecto al espíritu de la Constitución Española; atacando o vulnerando, frontalmente, la esencia del texto constitucional y, concretamente, lo establecido por los padres constituyentes, en  la redacción dada a los artículos 1, 9, 10, y en especial a lo establecido en los artículos 14 y 24, todos de la Carta Magna.[2]

Por ello, y a sabiendas del escaso o nulo poder que tienen las concentraciones, manifestaciones y recogidas de firmas procedí a solicitar, en su día, al Defensor del Pueblo la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad contra dicha Ley; recibiendo puntual y amable respuesta, pero sin atender a lo solicitado conforme al derecho constitucional de petición ejercitado; ya que, entre los órganos e instituciones que pueden presentar un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, se encuentra habilitado el Defensor del Pueblo.

Ha sido el Consejo General de la Abogacía Española, órgano de representación del conjunto de los abogados españoles el que se decidiría, finalmente, a solicitar de la Audiencia Nacional, la presentación de una Cuestión de Inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas. Dicha petición, ha sido atendida por la Audiencia Nacional, cosa que el DP no hizo, y habiéndose admitida por el Tribunal Constitucional, para su estudio y posterior decisión[3]

Confiemos que el Tribunal Constitucional ponga coto a tanto desafuero, pues no hace falta ser un gran experto jurídico, para saber que la Ley de Tasas, produce una desigualdad entre los españoles, a la hora de acceder a la Justicia, que no están en la franja del acceso a la justicia gratuita, por superar el tope establecido conforme al IPREM según la L.P.G.E. del año 2013, asciende a 17,75€ diarios; 532,51€ mensuales; 6.390,13€ anuales (Disposición Adicional Octogésima Segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre – BOE 28 diciembre)[4]

Desde estas modestas líneas humildemente, pero de manera firme, solicitamos, como parte del pueblo soberano, la supresión o abrogación de una Ley que consideramos tremendamente injusta y de ánimo recaudatorio, que ocasiona la desigualdad y atenta contra la tutela judicial efectiva, principios pregonados por la Constitución Española, y recogidos en los artículos 14 y 24 del texto constitucional.

No a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. ¡Abrogación Ya!