Hace catorce años (1999), redacté un artículo premonitorio de lo que se nos avecinaba respecto a la venta o privatizaciones de lo público; cosa que, diferentes gobiernos, han venido practicando, sistemáticamente, desde hace años con entreguismo al capital privado. Hoy, tenemos conocimiento de una nueva propuesta de privatización; en este caso, nos estamos refiriendo a la concesión de parcelas que constitucionalmente corresponden a la esfera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, presuntamente, se van a ampliar al ámbito de las empresas de la seguridad privada[1]. Ello, es un síntoma claro de la descalificación de la clase política gobernante, que resulta incapaz de gestionar, por sí misma, los servicios públicos esenciales por lo que deciden emplear el método de privatizar la gestión; ello, debe llevarnos a cuestionar la propia necesidad de la existencia de esa clase política; la justificación de tales medidas privatizadoras, se fundamenta en que la gestión de muchos de los servicios públicos –argumentan- está mejor gestionada en manos de las empresas privadas; la pregunta sería ¿para qué queremos los ciudadanos a los políticos que cobran por algo que no son capaces –según dicen ellos mismos- de gestionar directamente?

En fin; cuando no quede nada público por vender; podría ser necesario, dada la situación de falta de capacidad manifestada, ir pensando  en prescindir de misma clase política y sustituirla por empresas privadas que gestionen, en su integridad, todo el entramado de lo público (Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones Provinciales, Gobiernos Autónomos, Congreso, Senados, Defensor del  Pueblo, Educación, Sanidad, etc.). ¿Podría resultar una medida que ahorre mucho dinero y que gane en eficacia a corto y largo plazo?