COMUNICACIÓN DE LA DEFENSA DEL AFECTADO:

Montevideo, 20 de marzo de 2014. – El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través del Juzgado N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, España, ha declarado la nulidad del expediente administrativo que acordaba la expulsión del territorio español del ciudadano uruguayo José Morales Brum, y en el cual se le prohibía la entrada a dicho país por un período de cinco años.

Así lo señala la Sentencia dictada por la Magistrada – Jueza, Esperanza Ramírez Eugenio, el pasado día 26 de febrero de 2014.

Este Juzgado ha estimado la demanda del ciudadano uruguayo ya que en este caso “ni se motiva la opción de expulsión ni se entiende que dicha expulsión sea proporcionada a los hechos acaecidos”.

La Sentencia indica que “tampoco se entiende que el comportamiento en sí (del ciudadano uruguayo) atente contra la seguridad ciudadana” agregando que en este caso “no se justifica la expulsión sin más del recurrente”.

Este dictamen en firme del Juzgado, se suma al Auto dictado por la misma Magistrada, el 25 de febrero de 2013, en donde se anulaba la decisión política del Gobierno español de expulsar en forma sumarísima a este ciudadano, mientras se tramitaba este expediente.

Cabe recordar que la Sub Delegación del Gobierno español en Islas Canarias, había abierto un expediente administrativo contra Morales Brum, luego que éste participara en una concentración, en febrero de 2012, frente a la sede del Partido Popular en la isla de Lanzarote, manifestándose en contra de una resolución que otorgaba a la empresa Repsol la autorización de prospecciones petrolíferas en aguas isleñas. Luego de desconvocada dicha concentración, a este ciudadano se le acusaba, en forma falsa, de “alterar el orden público”, lo que dio lugar a la apertura del citado expediente.

Esta Sentencia deja en evidencia la clara persecución política de las autoridades de la Delegación del Gobierno español sobre este activista.

Morales Brum había denunciado en 2012 la ilegalidad de su detención y posterior traslado a Uruguay (atado de pies y manos literalmente), siendo ingresado por la fuerza al territorio uruguayo, a manos de un funcionario de Interpol en el aeropuerto de Carrasco.

Con este fallo favorable al activista uruguayo, queda abierta la instancia judicial de demandar a la Administración y sus responsables por todos los daños y perjuicios ocasionados a este ciudadano.

Esta Sentencia deja en claro que fueron falsas las acusaciones, difamaciones, injurias y calumnias, que levantaron en su contra por parte de las autoridades españolas.