Tal y como adelantó el diario regional, dicho auto, "ya notificado a las partes implicadas, ha decidido validar la decisión tomada en 2011 por el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, con apelación rechazada en 2015; por el que se condenó al promotor Miguel Morales, de Hormiconsa, por la construcción de varias naves". Añadiendo que "la decisión tomada en Madrid, con Andrés Palomo como magistrado ponente, ratifica la condena de un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. No se entra a valorar la pena de ocho meses de prisión por un delito de desobediencia".

- Sin licencia y en suelo protegido

Este "culebrón" jurídico comenzó en 2004, cuando la empresa HORMICONSA inició la construcción de tres naves con sus plantas anejas de fabricación de hormigón y machacadora, en las cercanías del cementerio de Arrecife, "sin contar con la licencia municipal de obras y en un suelo clasificado como rústico de protección de valor natural ecológico de jable". Dicha circunstancia fue denunciada "hasta en 5 ocasiones" a la Alcaldía de Arrecife, por el entonces concejal de Alternativa Ciudadana, Andrés Barreto.

A consecuencia de las reiteradas denuncias del citado edil, el ayuntamiento capitalino ordenó "el precinto" de las obras el 3 de octubre de 2005. Sin embargo, la empresa continuó con las mismas hasta su "completa finalización, pese al precinto... con menosprecio a la autoridad inmanente en la orden de precinto". No constando siquiera que "finalmente la empresa haya sido administrativamente sancionada".

Así las cosas, el 10 de noviembre de 2006, Andrés Barreto presentó las pertinente denuncia en la Fiscalía. Mientras tanto, la empresa HORMICONSA estuvo explotando las instalaciones, para las que no contaba con licencia.

Hasta que en octubre de 2011, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Arrecife dictó sentencia, condenando al promotor de la empresa, Miguel Morales, a "1 año de prisión y 67.500 euros de multa" por un delito contra la ordenación del territorio, y "8 meses de prisión" por otro delito de desobediencia; más "un año de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con la construcción". No sólo eso, sino que se ordenaba el derribo de "lo ilícitamente construido y reponer la finca a su estado inicial" .

Sin embargo, el condenado recurrió la condena, hasta que el 26 de febrero de 2015, la Audiencia Provincial dio por "definitivamente juzgada" la causa y ordenaba la "ejecución y cumplimiento" de la condena, que incluía también el derribo de las naves.

Pese a todo ello, la empresa continuó demorándose en el derribo de las instalaciones, teniendo que ser requerida por el propio ayuntamiento capitalino. Hasta que a comienzos de 2016 se cumplimentó ese último requisito.

- Suelo urbano

Curiosamente, en noviembre de 2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Las Palmas, falló en favor del propio Miguel Morales, resolviendo que el suelo en que se habían construido las naves era "urbano". Dando a entender que la zona está plenamente urbanizada, con el cementerio, la perrera municipal, el crematorio, una planta de aguas y otras construcciones.

En mayo de 2019, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó dicha resolución, lo que provocó el anuncio del Cabildo de presentar un recurso ante el Supremo.

Ahora el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 1 año de prisión a Miguel Morales, con el añadido de que ya "no cabe presentar recurso".