Con objeto de visibilizar la situación de desamparo en la que se encuentran los trabajadores de Canal Gestión Lanzarote, sus representantes lamentan comunicar que la plantilla sufre una vulneración sistemática de sus derechos día tras día. La empresa incumple el Convenio Colectivo en cuestiones tales como: Plan de Igualdad, Promoción Interna, Plan de Formación, al tiempo que los trabajadores sufren modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo y son obligados a realizar funciones de distintas categorías. Además, los representantes de los trabajadores no están recibiendo la información que la ley les garantiza para poder ejercer su cargo con garantías.
Canal Gestión Lanzarote emprendió en 2017 una campaña estratégica para reducir la plantilla en 69 trabajadores. Sin embargo, esta pudo ser frenada por la acción sindical, el apoyo de la ciudadanía, los trabajadores y por el compromiso de la Administración Pública. A partir de ahí la política de contratación se ha basado en contratos “basura” de sustituciones (interinidad) y relevo, lo que supone la pérdida constante de efectivos en la plantilla.
Apoyo a los 2500 trabajadores del Canal Isabel II
Esta misma situación la viven todas las empresas del Grupo Canal Isabel II, más de 2500 trabajadores, a los que queremos hacer llegar nuestro apoyo. Canal Isabel II crea desigualdad y discriminación entre los trabajadores del grupo para conseguir sus objetivos empresariales. Por este motivo, los trabajadores reivindican un marco normativo único.
En diciembre de 2018, Canal Gestión Lanzarote SAU, promovió una modificación colectiva de de las condiciones de trabajo, afectando al personal del Departamento de Desalación y Energía con resultado de acuerdo y recogido en acta. La finalidad, el objeto y condiciones que las partes pactan recoge la composición de los equipos de trabajo y adscripción y pertenencia del personal tanto a equipo de trabajo, como a centro y puesto funcional. A partir de su aplicación, el 1 de enero de 2019, la empresa ha venido incumpliendo todos los acuerdos a los que imperativamente nos abocó en negociación, al amparo del Art 41 del ET.
Estos incumplimientos han generado el desmantelamiento del servicio con la composición de los equipos, con la consiguiente pérdida del número de efectivos adscritos en cada equipo de trabajo y turno, entendiéndose que son los mínimos exigidos para solventar con garantías suficientes las necesidades técnicas de las instalaciones de desalinización. Esto está provocando un serio riesgo en materia de prevención de riesgos laborales, así como en el deber de garantizar el servicio.
Imposibilidad de actuar de forma inmediata ante una emergencia
La última decisión desacertada de CGL, es la de eliminar al operador presencial 24 horas con el que se contaba en el centro de desalación de Janubio (Yaiza). Esto ha provocado que las instalaciones hayan quedado desatendidas y en manos de un sistema de videovigilancia, impidiendo una actuación instantánea ante cualquier contingencia.
Esta situación no se puede permitir a una empresa como CGL que gestiona un bien público, cuyo titular es el Consorcio del agua de Lanzarote. Este recurso es preciado y necesario en una isla de clima seco y subdesértico, en el que el único abastecimiento de agua potable que llega a la ciudadanía es gracias al proceso de la desalinización y que, debido a su carácter público, debe estar garantizado. Los trabajadores del ciclo integral del agua tienen muchos años de experiencia, pero la Dirección de CGL quiere extrapolar modelos de otros lugares en el que el agua no escasea o no depende del buen funcionamiento de unas instalaciones. Esto es, en consecuencia, negar el futuro a esta tierra, al no querer asumir la realidad de Lanzarote, sus condiciones, sus características, sus necesidades y su dependencia vital de que unas instalaciones y el personal humano estén al 100%.
Por todo ello, los trabajadores solicitan a la Dirección de CGL y al Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, a que se mantengan la estructura organizativa pactada y que además consta en el pliego de concesión de gestión del Servicio, así como a intensificar la fiscalización de la gestión realizada por CGL. Púes se pone en riesgo un servicio básico, público y de primera necesidad.