Según Wikipedia, la Seguridad Social de España es el principal sistema de protección social del Estado. Su finalidad es garantizar unas prestaciones sociales concretas e individualizadas para hacer frente a determinadas contingencias que pueden situar a la persona (sujeto de la prestación y a quienes dependan de ella) en situación de necesidad. La regulación esencial de la Seguridad Social, −por si alguien quisiera consultarlo- se encuentra en el artículo 41 de la Constitución y en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015). Dando dicha finalidad por sentada y constatada, suponemos los ciudadanos que cuando estemos en situación de necesidad tendríamos el derecho, ganado tras largos años de trabajo y cotización, a recibir por parte del Estado la ayuda necesaria. De hecho, lo tenemos, pero en la práctica esto no siempre es así. Y en caso de que llegara suele ser, a veces, demasiado tarde.

Quiero dejar constancia de la odisea que hemos pasado mi familia y yo por la enfermedad de mi padre, con Alzheimer diagnosticado en 2014. Con este escrito no quiero acusar a nadie. Al contrario, agradezco enormemente a los asistentes, médicos y trabajadores sociales que hicieron lo que pudieron por ayudarme. Pero el sistema impone gruesos muros muy difíciles de derribar, por lo que descubres que muchas de estas personas que intentan ayudar tienen sus manos atadas. Son trabajadores del Estado, pero también son contribuyentes. Ciudadanos envueltos en esas paredes que intentan derrumbar y no pueden. Algún día también les puede tocar a ellos, a todos. Lo saben. Lo sabemos. Nadie está exento de sufrir una enfermedad degenerativa.

Si esta experiencia puede ayudar a otros; si puede ayudar a cambiar un poco el sistema, adelante. Denunciemos. Unámonos para derribar esos muros impuestos cuando te encuentras en una situación desesperada y no sabes por dónde ir.

Pedí ayuda a Asuntos Sociales del municipio en el que resido para tramitar la Ley de Dependencia de mi padre. Tras arreglar el papeleo solicité la ayuda a domicilio y ahí empezó el calvario. Tuve que acudir y recorrer dependencias de distintas administraciones, oficinas de varios organismos, médicos, etcétera, etcétera. Y a pesar de la urgencia requerida, a pesar de que el Alzheimer avanzaba cada vez más deprisa, de que mi padre empeoraba a pasos agigantados, de que en el trascurso de ese deambular él pasó a ser totalmente dependiente… A pesar de todo esto, el purgatorio burocrático seguía su curso inmutable. Más visitas, más esperas, más papeleo, más citas y más peticiones y ruegos para obtener una simple ayuda. Una ayuda que no era un recurrir a la caridad. Era pedir algo que mi padre se ganó con su trabajo durante más de 50 años. Nunca pedí limosna, reclamé un derecho.

Lo único que nos podían ofrecer era una residencia y ayuda a domicilio privados. Sí, es lo más rápido ¿Pero qué pensionista gana más de 2.000 ó 3.000 euros mensuales? Mi padre no. La familia tiene que aportar el resto. Pero, ¿y si no tienes? Pues te toca esperar. Así de simple.

Y ese derecho llegó el 7 de junio de este año 2017. Un día justo después de su fallecimiento. La única palabra que me vino a la mente tras recibir esa llamada fue IMPOTENCIA. Impotencia ante un sistema que nos lo hace todo más difícil. Impotencia al tener que demostrar lo ya evidente y ya ampliamente demostrado, impotencia de sentirte como un número más sin contar como persona. Mientras, a mi padre, perdido en las lagunas de su mente, se le olvidaba cómo se llamaba, quiénes éramos sus hijos y qué hacía en cada momento.

Lo peor no fue sólo eso. El miércoles de madrugada fue ingresado y una hora después le dieron el alta. Estaba en un estado lamentable, pero aun así nos lo llevamos. La excusa es que no había camas en el hospital. El viernes de esa misma semana, concretamente el 2 de junio, tuvimos que volver a ingresarlo tras sufrir una serie de ataques. El mismo día de su ingreso ya querían darle el alta. Misma excusa, no hay camas. Ese día mi familia y yo nos negamos exigiendo que permaneciera en el hospital. Tras contraer neumonía, falleció finalmente el 6 de junio.

No me quejo del personal del hospital. Al contrario, tenemos buenos profesionales, pero nos encontramos en la misma situación que con los asistentes y trabajadores sociales. Están saturados, no dan abasto. No hay camas, no hay suficiente personal, no hay ayudas. Las ayudas estatales han sido destinadas para otros organismos. La educación y la sanidad han sido las que peor paradas. Ha habido recortes en las ayudas para dependientes y familiares. Ha habido recortes en la investigación para combatir enfermedades. Mientras tanto, se ha aumentado el gasto en armamento, en la financiación de la Iglesia, se destina más dinero público a los partidos políticos, al rescate de la Banca...

Agradezco a los asistentes sociales y trabajadores de la isla de Lanzarote, a la asociación AFA (Asociación familiares de Alzheimer) y al personal médico, enfermeras y celadores del Hospital Doctor José Molina Orosa por sus condolencias y apoyo hacia mi familia.

Mientras, nosotros, los que cotizamos, los que pagamos, los que nos preocupamos más por las copas de fútbol, por la prensa rosa, no salimos a luchar por nuestros derechos que nos lo están robando poco a poco. Porque sí, es culpa nuestra y nuestra responsabilidad. Sí, sigamos así, ya que sólo nos queda resistir hasta morir.

Leonor Ramos Falcón

Lanzarote, 18 Junio 2017