Vaya por delante el enorme respeto que me merecen la inmensa mayoría de los funcionarios y funcionarias. Creo sinceramente que esa mayoría son grandes profesionales y se desviven por ayudar a los ciudadanos en sus trámites con la Administración. Por desgracia existen excepciones.

Después de 14 meses de baja laboral en los que me he sometido a una delicada operación, muchas pruebas médicas de variado tipo y tratamientos muy agresivos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) me citó para ser evaluado por Inspección Médica y valorar si correspondía o no ampliar el plazo de la baja laboral.

A mediados de marzo recibí una llamada para comunicarme que tendría que asistir a una cita con el inspector médico del INSS en Arrecife. La persona que me llamó me indicó que debía aportar los informes médicos relativos a mi enfermedad, así que al día siguiente los solicité en el Servicio de Atención al Paciente del Hospital José Molina Orosa.

Tres semanas después llegó la fecha de la cita sin que el hospital hubiera remitido los informes. Con cierta inquietud por no tener los documentos que me habían requerido, asistí a la entrevista con el inspector. Dos cosas me hacían sentir algo aliviado. Una era saber que yo había pedido los informes. La otra era tener la seguridad de que la Ley de Procedimiento Administrativo (Artículo 53, d) le otorga el derecho a los ciudadanos a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administraciones Públicas. Aunque mucha gente no lo sabe, artículo 28, 2 de la misma Ley, en realidad son las Administraciones Públicas las que “deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas. Dicho de otro modo, que no nos pueden pedir documentos que ellos ya tienen.

El objetivo de estos preceptos legales es justamente no marear al ciudadano. Por cierto, en este caso, ciudadanos y ciudadanas enfermas que han de estar del tingo al tango buscando papeles que ellos (la Administración) ya tienen. Reconozco que sentía esa “lógica” intranquilidad que suelen producir este tipo de trámites. El funcionario me pidió el DNI y a continuación pregunta por los informes. Con toda humildad le expliqué que no disponía de ellos porque el hospital no me los había entregado, a pesar de que hacía varias semanas que los había pedido. El funcionario me responde que es mi obligación traerlos. Intenté razonar que no era culpa mía que el hospital no los hubiese entregado y que no es cierto que el usuario tenga obligación de llevarlos, pues es la Administración la que tiene en su poder los informes, y por tanto son esos organismos (en este caso la Seguridad Social, el Servicio Canario de la Salud y el INSS) los que deberían pedírselos unos a otros. Así y todo, le indiqué al funcionario que estaba a su disposición para contestar a cuantas preguntas estimase pertinente hacerme. Entonces el funcionario se pone bruscamente en pie y dice que “esto no funciona así”, que sin los informes no es posible hacer la entrevista, que va a dar por concluida la reunión y que me daría una nueva cita para otro día, cuando yo le lleve los informes y “esté menos nervioso”. La realidad es que el único que parecía estar nervioso era él, que me hablaba de pie y sin querer escuchar nada de lo que yo intentaba decir.

Traté de explicarle al funcionario que no entendía el motivo de su actitud ni mucho menos las formas que estaba empleando, pero resultó imposible argumentar nada porque el funcionario me interrumpía cada vez que intentaba decir algo. Y cuando ya creía que la (no) entrevista había finalizado porque así lo había decidido el funcionario, de repente éste cambia de opinión y llama a la vigilante de seguridad que presta servicios en esas oficinas para que estuviera presente en el despacho. Acto seguido, con la vigilante presente, el funcionario inició el cuestionario sobre mi enfermedad. Ese mismo cuestionario que unos minutos antes, según él, era imposible hacer por no haber llevado los informes médicos.

Como quiera que uno no anda muy bien de reflejos -medicinas que los mermen no faltan-, empecé a contestar a todo lo que el funcionario me preguntaba en presencia de la vigilante de seguridad. Cuál es su enfermedad, cuándo lo operaron, a qué tratamiento ha sido sometido, etcétera. Y mientras iba contestando a las preguntas, sumido ya en un abatimiento absoluto, me voy percatando de que un señor funcionario está vulnerando mi derecho a la intimidad, a la privacidad de mis datos médicos. Me voy dando cuenta de que ese señor ha traído a la vigilante para restringir mi derecho a poder replicarle. Me doy cuenta, en definitiva, que me están tratando como a un pelele y que el único objetivo de ese señor era humillarme y doblegarme.

Según la Constitución Española este es un país social, democrático y de derecho. Pero entonces te das cuenta de que un funcionario, obligado por ley a acatar el ordenamiento jurídico, acaba de pisotear tus derechos además de tratarte con prepotencia y hasta con desprecio. Por supuesto que ya he presentado una queja formal ante el INNS pero eso no me parecía suficiente y decidí escribir estas líneas para que el caso sea conocido por la ciudadanía. Lo hago también porque mucho me temo que la actitud de este señor conmigo no ha sido una excepción, sino que más bien suele ser su conducta habitual. Su prepotencia y malos modos tienen fama en la isla. Y por lo que se ve, se la ha ganado a pulso.

No es necesario salir de la propia oficina del INSS de Lanzarote para encontrar a funcionarios/as que son realmente amables y que se desviven por dar un servicio correcto al ciudadano. Lástima que la actitud de un solo señor pueda echar a perder la reputación y el esfuerzo que otros compañeros suyos realizan.

Espero que la queja presentada en el INSS, así como esta denuncia pública, hagan que algún responsable se interese por este asunto y averigüe qué sucede en ESE despacho en el que la gente entra con enfermedades y salen de allí igual de enfermos pero humillados.