La consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas se realizará previsiblemente a final de año una vez se haya aprobado el decreto regulador amparado en la Ley de Participación Ciudadana de Canarias de 2010.

   Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, quien ha señalado que la consulta será "escrupulosamente legal" porque pivotará sobre competencias de la Comunidad Autónoma, tal y como recoge el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

   La consulta se podrá hacer de forma presencial o por medios electrónicos, y pueden participar personas empadronadas en Canarias, españoles que vivan en el extranjero cuya última vecindad haya sido el archipiélago o extranjeros que residan en las islas.

   También están llamados a participar los colectivos que estén inscritos en el Registro de Participación Ciudadana, cuyo decreto regulador ya ha empezado a desarrollarse.

   El decreto estará aprobado a finales de octubre, una vez obtenga el aval de los servicios jurídicos del Gobierno y del Consejo Consultivo, y a partir de ahí, otro decreto del presidente dictará la pregunta que se planteará a la ciudadanía, que como mínimo, será un mes posterior a esta comunicación.

   Spínola ha aclarado que esta fórmula es diferente a la del referéndum, ya descartado ante el "atropello" del Estado por no responder a la propuesta del Ejecutivo canario, y ha reivindicado que Canarias tiene competencias en medio ambiente o turismo para poder salvar la oposición del Gobierno central.

   En el decreto del presidente se delimitará el objeto de la consulta, el ámbito territorial, las personas a las que se dirige, la exposición de motivos y los plazos de respuesta, y también los medios materiales necesarios para efectuarla, como formularios, urnas o sobres.

   Además, se realizará en edificios de titularidad pública y se nombrará una comisión de control formada por tres funcionarios de la Comunidad Autónoma y tres representantes de entidades ciudadanas para resolver reclamaciones y cuestiones de interpretación.

EFECTOS POLÍTICOS

   El plazo de consulta telemático y presencial no coincidirán, y los resultados de personas físicas y jurídicas se emitirán por separado. El consejero ha dejado claro que el resultado no será "vinculante", si bien el Ejecutivo deberá emitir un informe sobre el resultado y presentarlo ante el Parlamento en un plazo máximo de tres meses.

   No obstante, ha dicho que el resultado tiene un "efecto político" ya que será "difícil" que el Gobierno central "no escuche la voluntad del pueblo". En esa línea, espera que si el resultado es contrario a las prospecciones, el Estado las "paralice". Si es a favor, el Gobierno regional respetará la decisión, ha comentado.

   Spínola no ha ocultado que el Estado tiene "mecanismos" para intervenir en la relación con las Comunidades Autónomas, pero no teme ningún bloqueo porque la consulta está "dentro de la legalidad". Además, ha dicho que el Ejecutivo va a fomentar la participación, siguiendo así un "nuevo modelo" de gobierno "más transparente y participativo".