El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, calificó este viernes de “auténtica indecencia y vergüenza para Canarias” la situación de los trabajadores del call center que atiende los servicios de Movistar en las islas. Se trata de un servicio que se puso en marcha en el año 2012 y que se vendió con todo lujo a la opinión pública como “la solución al paro en Canarias”, cuando en realidad se trata de “el colmo de la precariedad y el maltrato laboral”, hasta el punto de que “podría ser penalmente punible”.
Moreno denunció que la compañía Emergia, que presta servicios exclusivos a Movistar, “supera con creces los registros de lo que es intolerable en las relaciones laborales, incluso para quienes estamos acostumbrados a ver todo tipo de prácticas en las empresas”. A este respecto, no es frecuente que hasta 80 trabajadores estén de baja y que todas las semanas tenga que acudir una ambulancia al centro de trabajo para llevarse a un trabajador.
Estas bajas son, en su más alto porcentaje, casos de crisis de ansiedad motivadas por el control abusivo que se ejerce sobre la actividad de los trabajadores y unos parámetros de evaluación que solo pueden ser calificados de “demoníacos”. Moreno señaló que se penaliza incluso a los trabajadores por extenderse cinco minutos en la jornada laboral por estar atendiendo a un cliente, o que los trabajadores deben estar veinte minutos antes para poner en marcha los equipos y poder fichar cuando comienza su turno, porque si se retrasan un solo segundo serán penalizados.
Otros casos de baja responden a enfermedades del aparato respiratorio y fonador debido a la instalación de aire acondicionado. Se da el caso de que ni siquiera el pinganillo que usan los operadores es individual, teniéndolo que compartir entre los turnos. Solo tras las reiteradas protestas de los trabajadores, la empresa se avino a darles un pañuelito con alcohol para desinfectarlos.
A esto se suma una despiadada política de despidos, con hasta 74 trabajadores entre septiembre de 2013 y enero de 2014 en una plantilla inferior a 700 trabajadores. Desde entonces ni siquiera se puede cuantificar estos despidos porque la empresa se niega a dar los datos.
Se trata, señaló la abogada del sindicato, Carmen Castellanos, de una política de despidos sistemáticos de los trabajadores que están de baja, despidos que se presentan como disciplinarios pero que, desde que el trabajador acude a la justicia, la empresa se aviene a pactar un despido improcedente para no llegar a juicio.
Moreno señaló que en mayo de 2014 el sindicato se reunió con el delegado territorial de Movistar en Canarias para denunciar estas anomalías sin que, hasta la fecha, haya mostrado interés alguno por este problema. Ante esta indiferencia, señala Moreno, es el momento de exigir responsabilidades a la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno de Canarias, porque se trata de una empresa que recibe dinero público y que está acogida a los beneficios de la ZEC. Además, la Consejería Empleo subvenciona los cursos de formación y contribuye económicamente por cada contratación.
Moreno pidió a la titular de la Consejería, la socialista Paquita Luengo que explique “si este es el modelo de empresa y el tipo de empleo que se quiere crear en Canarias”. A este respecto, le exigió que convoque sin más dilación a los representantes de los trabajadores y a la dirección de la empresa para que expongan sus perspectivas en este asunto.
Por el momento, la FS-CCOO ha acudido a los tribunales solicitando una prueba anticipada para acreditar lo que sucede en la empresa. Con esa documentación se iniciarán las acciones pertinentes, acciones que podrían no limitarse al ámbito laboral, sino extenderse también al penal.