El Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote pedirá la comparecencia en el próximo Pleno de la Corporación de la presidenta María Dolores Corujo y del propio Juan Félix Eugenio, para que expliquen el “escándalo” mediático, social y económico suscitado en estos días tras el nombramiento del socialista como nuevo consejero delegado de la Entidad Pública Empresarial Local de los Centros Turísticos (EPEL-CACT), vinculado directamente a la empresa de su pareja sentimental (entonces y ahora ), que mantiene con los CACT una deuda superior a los 400.000 euros.
Coalición Canaria Lanzarote “comparte” el parecer de la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, de pedir responsabilidades políticas sobre el asunto, especialmente las propias. Corujo afirmó este pasado sábado que “los propios centros tendrán que determinar las responsabilidades en que hayan incurrido quienes han permitido que se genere esta enorme deuda de manera irregular”. Entre otras razones, explican los nacionalistas en el Cabildo, “porque tendría que pedírselas -en todo caso- a su socio de gobierno, el Partido Popular, que era quien estaba entonces al frente de los CACT cuando se acumuló la mayor parte de la deuda, pero sobre todo tendrá que asumir las propias del PSOE como partido”.
CC sostiene que “está bien pedir y depurar responsabilidades políticas de quien haya permitido la deuda, generada íntegramente durante la etapa del PP al frente de los Centros por la herencia que la dejó Espino, pero la grave irregularidad no es tanto de quien la haya permitido, sino de quien ha incurrido en ella; es decir, de quien no ha pagado. Así pues, mejor deberían preocuparse de asumir sus propias responsabilidades y explicar el cúmulo de hechos que han salido y saldrán a la luz estos días y que atañen a su propio partido, en lugar de intentar desviar la atención de lo verdaderamente importante”.
La empresa vinculada a la pareja de Juan Félix Eugenio fue creada en diciembre de 2006. Tras las elecciones de mayo de 2007, la socialista Manuela de Armas tomó posesión de su cargo como presidenta del Cabildo, delegando la Consejería de Hacienda en Juan Félix Eugenio. Es entonces cuando se le concede el crédito a la agencia de la pareja del consejero socialista, quien presenta su primera factura el 2 de julio de 2007, solo cuatro días antes de la celebración del Consejo de Administración en el que también tomó posesión como consejero de los CACT, Carlos Espino, casualidades de la vida.
No obstante, y por la información que maneja Coalición Canaria, el PP negoció en su día un plan de pagos y, en concreto, lo hizo personalmente Ástrid Pérez con el propio Juan Félix Eugenio y su pareja.
Éste fue el primer plan de pagos que se incumplió, al igual que el 2º plan de pagos, también negociado personalmente por Juan Félix Eugenio con el hasta hace días consejero delegado, José Juan Lorenzo, una vez que CC asume la responsabilidad directa de los CACT y se emprenden las acciones legales que dice echar de menos la actual presidenta.
Por cierto que CC lamenta igualmente la falta de respeto hacia la dignidad de las personas que ha protagonizado la presidenta, sin que ni siquiera haya informado del cese al anterior consejero delegado de los CACT, quien se ha tenido que enterar del mismo por los medios de comunicación, al igual que todo su equipo directivo.
Por su parte, CC responde a la presidenta que no es necesario que reclame ahora la deuda judicialmente como ha anunciado que hará, pues eso ya lo hizo la dirección de la empresa cuando esta organización política retomó el control directo de la misma y, de hecho, ya hay hasta orden judicial de ejecución al respecto, atendiendo a la reclamación de más de 570.000 € entre principal, intereses y previsión de costes, sin que hasta la fecha haya sido posible recuperar un céntimo de euro de una entradas que sí fueron vendidas y cobradas por el deudor.
Por último, el representante en el Consejo de Administración de Coalición Canaria, reitera en nombre de la organización, que “son este tipo de decisiones en los CACT sin el menor decoro y respeto, la subida de sueldos propios como primera medida del gobierno, o el nombramiento de un investigado por corrupción denunciado por sus propios socios como Jefe de Gabinete de la Presidencia, las que arrastran la dignidad de la institución y sus empresas públicas”.