Alternativa Ciudadana 25 de mayo ha decidido retomar la querella que en 2005 presentó el que fuera concejal de dicha formación, José Antonio González, contra el grupo de gobierno de San Bartolomé durante la legislatura 2003-2007. La denuncia se refiere al derribo, en el año 2003, de una vivienda "de más de 200 años" que se hallaba registrada en el Catálogo Municipal; la cual fue repuesta por la empresa responsable, "a cambio de 2 parcelas en la zona industrial de Playa Honda, en las que aumentaron la edificabilidad".
La querella en sí va dirigida contra: el entonces Alcalde, Miguel Martín; el teniente de Alcalde, Cándido Reguera; el hoy consejero del Cabildo, Juan Antonio de la Hoz; el actual Presidente del Consejo Regulador, Javier Betancort; y los ediles Olimpia Martín, Ángela Aparicio, José Manuel Morales, Pedro Reyes, Ángeles Millán, Candelaria Ledesma, Carlos Martín, Emilio García, Valentín González, Julio González y Cayetano Martín. Este último es el hermano del ex-Alcalde.
A todos ellos se les acusa de los presuntos delitos de: Prevaricación, Malversación de Caudales Públicos, contra la Ordenación del Territorio y contra el Patrimonio.
Según la querella de aquel entonces (no seguida por falta de economía), la empresa Garpalanz "derribó una vivienda de más de 200 años registrada en el Catálogo Municipal". Y en vez de ser sancionada, "suscribió un convenio con el ayuntamiento para reponer el derribo", a raíz del cual "el alcalde cedió dos parcelas municipales en la zona industrial de Playa Honda". Parcelas que al aumentar su edificabilidad, también aumentaban "su valor económico en el mercado".
En la denuncia se refleja que uno de los favorecidos por la "operación inmobiliaria" era el propio "hermano del alcalde".