La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha detectado más de 41.000 infracciones contra las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias desde la creación de este organismo en 1999 hasta 2012. De esta cantidad destacan los 16.541 expedientes abiertos por vertidos de residuos y los 15.129 por obras ilegales, con datos, reiteramos, actualizados hasta 2012.

Canarias fue la segunda comunidad autónoma donde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del cuerpo de ocupación colonial denominado Guardia Civil gestionó más infracciones por vulneración de las normativas de ordenación del territorio, al sumar 1.258 de este tipo, superadas sólo por Andalucía, donde se han cometido 1.775, con la diferencia de que Canarias tiene 7.593 km ² , mientras que Andalucía, con 87.268 km ² , supera en once veces el territorio emergido de Canarias, lo que hace de Canarias la campeona absolutísima en la especulación del territorio.

Tras Canarias figuran, a bastante distancia, Castilla-La Mancha, con 604 de esas infracciones y Galicia, con 560, según informó el 18 de marzo de 2008 el Seprona, dependiente del metropolitano Ministerio del Interior, en un comunicado.

La propuesta reforma de la Ley del Suelo del pseudogobierno de Canarias, que deja en manos de los ayuntamientos el diseño de los nuevos planes de urbanismo de principio a fin, sin necesidad de obtener la aprobación de la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente (Cotmac), según propuso al nuevo Guanarteme Fernando Clavijo, la confederacion canaria de empresarios en boca de su presidente Agustín Manrique de Lara, argumentando motivos económicos y culpando a las actuales normativas sobre la protección del territorio de las penurias económicas por la que pasa Canarias actualmente olvidando, interesadamente, que en la actualidad Canarias sufre una agudización de la crisis crónica que padece desde la vil, cruenta y sanguinaria colonización española.

Hasta la fecha 35 de los 88 ayuntamientos canarios, casi la mitad,  han tenido o aún tienen procesos penales por corrupción urbanística. La delegación de competencias sobre el territorio a los ayuntamientos de Canarias, tal y como están regidos en la actualidad, más que un despropósito, parece una broma de mal gusto.

Desde la invasión de nuestra tierra por la monarquía medieval española hemos estado sometidos a modelos económicos impuestos y con el centro de decisiones ajeno a nosotros. Esto ha generado ciclos agudos de la crisis crónica que padecemos desde la colonización española, ante la fragilidad de nuestro sistema económico especulativo que ha buscado siempre la generación rápida de riqueza con la intención de que esta salga al exterior de forma inmediata. Hay que dotar al Archipiélago Canario de un tejido productivo que nos permita generar riqueza a medio y a largo plazo y que esta luego pueda mantenerse en el tiempo. Este tejido productivo debe sostenerse sobre varios pilares de producción y generar un proceso encadenado que lleve a nuestro país al desarrollo y bienestar sin hipotecar para ello nuestra naturaleza sino, al contrario, usando esta para la generación de riqueza energética y ecológica.

En este nuevo modelo económico que proponemos deben fortalecerse los sectores productivos primarios y secundarios, para alcanzar la soberanía alimentaria, acorde con las recomendaciones de la FAO, evitando que, como ocurre ahora, sea un único sector nuestro motor económico y social, con lo que esa dependencia exclusiva supone de inestabilidad ante fenómenos externos a nosotros.

Los canarios seguimos viendo como la riqueza que se genera en nuestra tierra se sigue repartiendo entre las grandes empresas fuereñas y la Hacienda estatal española que se queda en sus arcas con el IRPF, la seguridad social y los impuestos a las empresas que obtienen beneficios en nuestro territorio. Cadenas hoteleras, bancos, Agencias de Seguros, Tourperadores, Grandes superficies....siguen teniendo domiciliados sus tributos a la Hacienda española en Madrid, de forma que nuestra supuesta Consejeria de Hacienda sólo se queda con algunas migajas. Si los anticolonialistas canarios queremos ofrecer soluciones a los problemas que hoy amenazan a nuestro futuro tenemos que dotarnos de los recursos económicos necesarios para poder emprender políticas de empleo, de cuidado a la naturaleza, de ayuda a los colectivos más desfavorecidos, etc. La única forma de que las riquezas que se generan en nuestras islas tributen en nuestra tierra es dotarnos de una Hacienda propia e independiente, que controle los más de cuarenta y tres mil millones de euros que genera el producto interior bruto (PIB) de Canarias según datos del Instituro Nacional de Estadísticas (INE), elaborados por España y correspondientes al año 2008. De eso viviremos desde luego todos mucho mejor que ahora, incluyendo a la pequeña y mediana empresa.

Canarias, nuestra patria, genera una gran riqueza económica año tras año (41.000 millones de € en el año 2009, en plena agudización de la crisis crónica). Esa riqueza en su inmensa mayoría contribuye al estado de bienestar en otros lugares del mundo mientras que en nuestras islas sólo queda una pequeña parte de la riqueza generada, en manos de un grupo reducido de canarios o foráneos, residentes o no. Eso hace necesario que la riqueza que generamos sea redistribuida entre todos los canarios y sobre todo entre las clases más desfavorecidas como nuestros mayores y los que viven bajo el umbral de la pobreza. Generamos riquezas suficientes para dotarnos de una red sanitaria pública, infraestructuras, centros docentes, centros de investigación, residencias para la gente necesitada o para personas con problemas psicológicos o físicos. Es necesario por tanto redistribuir entre la colectividad los conocimientos y patrimonio cultural y buena parte de los beneficios económicos que se producen en nuestras islas como símbolo de la solidaridad social que perseguimos.

Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario