En un pleno marcado por la crispación y en el que se han vivido múltiples momentos de tensión, el grupo de gobierno, formado por CC, PSOE y PIL, con el apoyo del PP y la abstención de NC ha votado en contra la moción de Podemos que pedía que se rescindiera el contrato de patrocinio que mantiene la Sociedad de Promoción Exterior, dependiente del Cabildo, con la empresa Marina Rubicón. El presidente ha justificado el voto del grupo de gobierno alegando que no tomará ninguna medida “hasta que el juzgado anule la licencia del puerto deportivo”, a pesar de que el exalcalde de Yaiza reconociera que fue sobornado por los propietarios de Marina Rubicón.
Igualmente, el grupo de gobierno rechazó las otras dos mociones presentadas por Podemos. En una de ellas se solicitaba la rescisión inmediata del contrato de alquiler de los locales de Marina Rubicón para el artista Jason deCaires, si bien el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, confirmó en el pleno que devolverán los locales al puerto deportivo mañana mismo, tres meses antes de la fecha máxima que fijaba el contrato.
El grupo de gobierno ha rechazado también la moción de Podemos en la que se pedía que el Cabildo encargara un estudio exhaustivo sobre la situación sanitaria en Lanzarote. En esta ocasión, la peregrina excusa dada por el presidente ha sido que el estudio debería hacerlo el Gobierno de Canarias y no el Cabildo.
MOMENTOS DE TENSIÓN EN EL PLENO
El pleno ha vivido varios momentos de tensión. El primero de ellos llegó en el punto donde se discutieron las reclamaciones presentadas al presupuesto del Cabildo, en particular con la presentada por los representantes de los trabajadores del Hospital Insular, que siguen esperando que el grupo de gobierno ejecute lo acordado en relación a las pagas y planes de incentivo de la plantilla. Tanto el presidente como el consejero de Hacienda apelaron a que no podían ejecutar esos acuerdos ya que no tienen todos los informes favorables para poder hacer los pagos pendientes. Sin embargo, el portavoz de Podemos, Carlos Meca, les recordó que el siguiente punto del orden del día era, precisamente, el pago de 800.000 euros de facturas que incumplieron el procedimiento de contratación y que serán abonadas a través de un procedimiento extraordinario como es el reconocimiento extrajudicial de deuda. “Cuando los beneficiarios son sus amigos de las agencias de viajes o sus abogados amigos (en el listado de facturas se incluía una de Ignacio Calatayud por importe de 3.500 euros) siempre encuentran la forma de pagarles aunque no cumplan la ley, pero cuando se trata de pagar lo que se les debe a los trabajadores del Hospital Insular, entonces se vuelven más legalistas que nadie”, espetó Meca.
Otro de los momentos de tensión se produjo en el debate sobre unas declaraciones del consejero del PIL, Manolo Cabrera, que aseguró que era “normal” que un afiliado de Coalición Canaria como Juan Francisco Rosa presionara a los políticos para intentar legalizar su bodega. El portavoz de Podemos, además de felicitar a Cabrera por su valentía a la hora de reconocer esa realidad, contestó al consejero que el problema es que “algunos empresarios presionan de manera comprensible, pidiendo citas con los responsables públicos para exponerles su caso, mientras otros, y ahora ya lo sabemos, presionan poniendo maletines sobre la mesa, como pasó en Marina Rubicón y en los hoteles ilegales de Playa Blanca”.