"Puerto del Rosario es la única institución donde el proponente de una moción vota en contra de su propia iniciativa". Por esa falta de respeto y democracia, los concejales del Grupo Popular y del Grupo Mixto, PSOE y PPM, decidieron abandonar el pleno que ellos mismos habían convocado para reprobar la actitud del Alcalde que "desde el año 2007, no ha dado cuenta de las diferentes sentencias relativas al Centro Comercial", denuncia Carlos Figueroa, portavoz del PP en Puerto del Rosario.
Los grupos querían conocer cuál es la situación del expediente relativo al Centro Comercial después de que un nuevo auto del TSJC diera al Alcalde un plazo máximo de 60 días para presentar el proyecto de derribo de parte de la infraestructura con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del año 2007 que declaró nula la licencia municipal, el estudio de detalle y el proyecto de urbanización.
"De este pleno hemos conocido que todos los vecinos de Puerto del Rosario hemos pagado más de 50.000 euros por uno de los estudios de derribo y que, de las opciones escogidas por el Alcalde, derribar parte de la estructura costaría 4.400.000 euros. Creemos que, ante un asunto de esta importancia, el Alcalde debió dar explicaciones hace mucho tiempo a todos los vecinos del municipio, trabajadores afectados y comerciantes".
"La oposición no es quien toma las decisiones en el Ayuntamiento. Es el grupo de gobierno de CC. Ellos han decidido cómo se encauza este procedimiento judicial solos. Nosotros sólo queremos información, transparencia, saber qué están haciendo".
"Ahora nos dicen que están negociando, después de 7 años, y que no van a informarnos para no dar pistas a los litigantes. Esto es un absurdo más para seguir con su política oscura y falta de transparencia".
Figueroa recordó además al Alcalde que el proyecto inicial para construir el Centro Comercial contemplaba zonas de ocio, espacios libres y zonas deportivas. "¿Dónde están?", preguntó el portavoz.
El portavoz del Grupo Popular entiende que desde hace 7 años el Alcalde ha estado evadiendo su responsabilidad. "El concedió la licencia, el ha sido Alcalde cuando se recibió la sentencia hace 7 años y, en ningún momento ha informado al pleno de estos procedimientos judiciales en los que está en curso el municipio de Puerto del Rosario".
"La oposición no puede enterarse por la calle de que el Ayuntamiento va a ser hipotecado ya que la sala no sólo está pidiendo que se ejecute la sentencia de 2007 sino que además rechaza la propuesta de convenio que se recoge en el Plan General de Ordenación que actualmente está en revisión porque no se puede regularizar una situación a posteriori que cuenta con una sentencia firme".
Los populares entienden que no es una decisión fácil de tomar pero "hasta la nota de prensa de esta mañana, los que estuvimos en el pleno en la tarde de ayer no pudimos enterarnos de qué iba a hacer el Grupo de Gobierno, cuáles eran los pasos a seguir y cuánto nos hemos gastado en todo el camino recorrido hasta ahora".
El auto del TSJC no sólo fija un plazo de 60 días para que el Alcalde presente un proyecto de demolición, sino que también advierte a la corporación del pago de una sanción de 1.500 euros diarios y responsabilidad penal si no la acata.