Actualmente, el mercado inmobiliario de la isla pasa por su peor momento. El precio del metro cuadrado de la vivienda en venta en Lanzarote superó por primera vez en la historia los 3.000 euros y recientemente la isla sobrepasó los 10.000 alojamientos de alquiler vacacional, una situación que está “expulsando a la población conejera de su propia tierra”, sostiene Jiménez.
En este sentido, Jiménez señaló que “urge intervenir el mercado de la vivienda porque somos la isla que más está sufriendo la crisis inmobiliaria en el archipiélago”, a lo que añadió que “Canarias es un territorio limitado, fragmentado y codiciado, por lo que necesitamos de herramientas legales distintas al resto del Estado e incluso de la Unión Europea”.
Con respecto a la realidad de los desahucios en Lanzarote, Jiménez relató que “el caso más llamativo es el de una familia que vive de alquiler en Arrecife, con tres menores a su cargo, en la que los dos progenitores tienen contratos fijos de trabajo y cuya arrendadora decidió no seguirles alquilando el piso” y explicó que “esta familia se irá a la calle porque no encuentra alojamientos disponibles en la isla, ni siquiera aquellas personas con ingresos regulares son capaces de acceder a una vivienda”.
No obstante, la lista de casos de desahucio es mucho más amplia y contempla tipologías muy diversas. Según indica el portavoz de Drago Canarias en Lanzarote, “el pasado mes de marzo conocimos el caso de 128 familias que van a ser desalojadas de un hotel abandonado en Costa Teguise para construir un complejo hotelero de cuatro estrellas” y añadió que “en febrero también salió el caso de las 20 familias del barrio de San Francisco Javier, en Arrecife, que afortunadamente fue paralizado, aunque solo temporalmente”.
“También me resultó especialmente injusto el desahucio de Playa Blanca, casi cien personas a la calle, entre ellas personas con discapacidad, un paciente oncológico y mujeres embarazadas, de un esqueleto de viviendas que llevaba 15 años abandonado y que los propios residentes rehabilitaron” e hizo hincapié en que “posteriormente, la propia Audiencia Provincial de Las Palmas desautorizó el desahucio, que se había llevado a cabo como medida cautelar, pero ya era demasiado tarde para que los vecinos y vecinas volvieran a sus casas”.
Por otro lado, Jiménez aprovechó para apuntar el preocupante dato que aporta el Consejo General del Poder Judicial, y señaló que “en nuestro archipiélago hay 4,77 desahucios al día, la especulación con algo de primera necesidad como es la vivienda nos está llevando a abandonar y apartar socialmente casi a cinco personas al día en Canarias, nuestro pueblo no se puede permitir eso”.