El llamado (por algunos) "caso Sosa" amenaza con hacer estallar la frágil estabilidad del todavía grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote. Por un lado, la actual presidenta de la institución, Loli Corujo, ha asegurado públicamente "la legalidad de los cobros" percibidos por el consejero Juan Manuel Sosa, exhibiendo un documento de Función Pública en tal sentido. Por otro lado, Coalición Canaria muestra un Certificado del Secretario General del Pleno, en el que confirma que Sosa es "consejero no adscrito", con "la pérdida de beneficios económicos".
- Versión de la Presidenta del Cabildo tras el Pleno
La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, ha informado que en la sesión del Parlamento de Canarias celebrada en el día 9 de noviembre, y ante una pregunta formulada por Coalición Canaria, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha afirmado de manera rotunda la legalidad de los cobros que ha venido percibiendo el consejero del Cabildo Juan Manuel Sosa.
“Este señor está en situación de servicios especiales por resolución de la Dirección General de la Función Pública que está en vigor”, ha afirmado Trujillo quien ha aclarado que Sosa tiene pleno derecho a percibir las remuneraciones que ha venido percibiendo hasta el momento.
“La respuesta del consejero de Sanidad deja bien claro que nunca ha existido el caso Sosa”, ha explicado la presidenta.
“Coalición Canaria está empeñada en mantener una campaña de acoso y difamación intolerable cuando la situación económica y administrativa del consejero es irreprochable”, ha finalizado Corujo.
- Versión de Coalición Canaria
"La presidenta del Cabildo de Lanzarote, M.ª Dolores Corujo ocultó al Pleno de la Corporación que Juan Manuel Sosa ya había sido declarado oficialmente tránsfuga", según Pedro Sanginés, quién añade que, tal y como recoge el secretario general del Pleno, en un informe del 5 de noviembre, en el que afirma que, tal y como ha denunciado el Grupo de Coalición Canaria, “se cumplen los requisitos extrínsecos y formales necesarios para la expulsión del consejero Don Juan Manuel Sosa Rodríguez de su grupo de procedencia (...)” y propone su consideración como “consejero no adscrito con los derechos y limitaciones que como tal le corresponden”. Es decir, ha sido reconocido oficialmente como tránsfuga (se adjunta doc.1)
De acuerdo a dicho informe, los derechos económicos y políticos de los tránsfugas, no pueden ser superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Así el citado informe, destaca que la condición de tránsfuga “lleva consigo la pérdida de beneficios económicos y de la infraestructura asociada al Grupo político, la imposibilidad de tener portavoz y, consecuentemente, de formar parte de la Junta de portavoces. Tampoco tendrá derecho a ningún local ni equipo necesario para su mantenimiento”.
"La presidenta insular se saltó la obligación de dar cuenta al Pleno del pasado 5 de noviembre, de la consideración de Sosa como tránsfuga, es decir, no adscrito, en un intento de hacer valer un decreto completamente extemporáneo", insisten desde la formación nacionalista.
Y es que, de acuerdo con el informe del secretario, una vez que Sosa ostenta la consideración de no adscrito, ya no podrá obtener el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial, ni percibir del Cabildo retribuciones que antes no percibía, y Dolores Corujo es consciente de que en el decreto de su nombramiento como consejero del Gobierno en diciembre de 2019 (se adjunta doc2), no le otorgó dedicación exclusiva, algo que ya no puede hacer.
La presidenta insular también ocultó al Pleno y por su puesto a la opinión pública que Sosa ya no está cobrando de Sanidad desde que Función Pública comunicó que no le correspondía a la Comunidad Autónoma pagar ese salario. Esta es la prueba palmaria de que Sosa no tiene derecho a cobrar de Sanidad, porque si lo tuviese, la pregunta sería, ¿por qué le ha dejado entonces Sanidad de pagar?
La presidenta, consciente de que sus intenciones (que el dinero indebidamente pagado lo devolviese el Cabildo, y que además el Cabildo le pagase su sueldo de médico a partir de ahora) se toparon con el reparo de legalidad de la Intervención, y de que el Gobierno ya no está pagando a Sosa, emitió inmediatamente tras el informe del secretario, un nuevo decreto que no es sino “una vergonzosa y chapucera huida hacia adelante”.
Y es que, el nuevo decreto de la Presidencia del 5 de noviembre de 2021 dice estar ratificando la resolución de diciembre de 2019 y su dedicación exclusiva con cargo al Cabildo de Lanzarote. Dedicación que entonces no tuvo lugar, y por tanto no se puede ratificar lo que no existe, ni se puede adoptar ahora, porque el informe del secretario es taxativo cuando dice que la condición de tránsfuga es efectiva desde el momento en el que el Grupo Nacionalista notificó su expulsión, o sea, desde el 21 de septiembre de 2021, desplegando todos sus efectos desde entonces, de acuerdo con reiterada jurisprudencia.
El despropósito del decreto es tal, que la presidenta, consciente también de que Sanidad ha dejado de pagar a Sosa, poniéndose el parche antes que la herida, incorpora un segundo apartado a su decreto que dice: “En el supuesto de que la Administración Pública del Gobierno de Canarias, modificara el contenido de la resolución de la Dirección General de Función Pública (…) se procederá (…) a adaptar el decreto de esta Presidencia de 30 de diciembre de 2019 a la nueva resolución”. “Una propuesta digna del propio Groucho Marx: Estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros”, señala el portavoz adjunto de CC-PNC, Pedro San Ginés.
En cualquier caso, “ya hemos enviado escrito tanto al secretario como a la interventora advirtiendo que ningún acuerdo que suponga una mejora de las condiciones económicas del consejero, posterior a su expulsión el 21 de septiembre, puede tener ninguna validez”, recalca San Ginés.