En el primer pleno ordinario del Cabildo de este mandato, celebrado el 11 de septiembre de 2015, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos una moción de Podemos en la que solicitaba el encargo y la elaboración de un informe sobre la exclusión, el sinhogarismo y la pobreza en Lanzarote, como herramienta esencial para la planificación de las políticas sociales en la isla.
En el texto de la moción se resaltaba que “Resulta imprescindible contar con un estudio riguroso y serio de la realidad social insular de cara a sentar las bases de un Plan de Rescate Ciudadano, en la medida en que permita conocer de primera mano el número de personas, incluyendo menores, en situación de riesgo y las circunstancias particulares en que se encuentra cada una de esas personas (sinhogarismo en sus diferentes variantes, desempleo o empleo precario, discapacidad, menores, etc.)”.
En el Pleno del mes de abril de este año, y ante las reiteradas preguntas del grupo Podemos por ese informe, la consejera de Bienestar Socia, Lucía Olga Tejera, entregó a todos los grupos de la oposición un documento elaborado por el Servicio Especializado de Planificación de la Consejería, con el título de “Diagnóstico: Indicadores de vulnerabilidad social. Sistema de Servicios Sociales en Lanzarote”.
El informe, que ni siquiera estaba firmado por ningún técnico, incluía un anexo con unas tablas en las que debían aparecer, por cada municipio, el número de personas sin alojamiento, el número de personas sin vivienda y el número de viviendas inseguras. La inmensa mayoría de esas tablas estaban sin rellenar. Y en su página 54 el informe reconoce que “en el caso de las personas sin hogar no debemos olvidar que la realidad de las personas que no residen en ningún hogar y que sufre exclusión residencial no aparecen reflejados en este estudio”.
El informe incluía algunas autocríticas que consideramos interesantes, entre ellas:
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“Las nuevas necesidades sociales provocadas o agravadas por la crisis han supuesto “un incremento de la demanda en el sistema, a la que no se está dando una respuesta adecuada”.
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“Es necesaria la recuperación de políticas sociales basadas en los derechos de la ciudadanía y en la dignidad personal, con objeto de superar las actuales líneas políticas orientadas casi de forma exclusiva a la tramitación de prestaciones económicas ante situaciones de emergencia social, es decir, al asistencialismo y a la beneficencia”.
Y respecto a la realidad que se vive en los ayuntamientos, el informe daba un dato alarmante: Según las ratios que recomienda el Consejo General del Trabajo Social (un trabajador social por cada 3.000 habitantes), en la isla tendría que haber 48 trabajadores sociales en los diferentes ayuntamientos. La realidad, inasumible, es que en Lanzarote realizan su labor 15 trabajadores sociales.
En la parte final del informe, se detallan y proponen un paquete de 72 medidas, como incrementar el gasto social, facilitar los recursos materiales y humanos para elaborar una estrategia, crear fórmulas de coordinación entre administraciones o aumentar la contratación de personas en riesgo de exclusión social.
En el Pleno del pasado 5 de mayo, Podemos pidió la comparecencia de la consejera del Área para que diera explicaciones sobre el informe y, en particular, para que aclarara si el Cabildo piensa completar el informe y cuántas de las 72 medidas pensaba poner en marcha. Las respuestas, poco convincentes, ofrecidas por Tejera, se limitaron a confirmar que el informe no estaba terminado y que “no saben cuándo estará listo”. Respecto a la puesta en marcha de las medidas propuestas en el informe, la consejera se excusó argumentando que el Cabildo “apenas tiene competencias”.
Cabe recordar que en ese mismo Pleno del pasado 5 de mayo, Podemos presentó una moción que incluía las seis primeras medidas contempladas en el informe, entre ellas “incrementar el gasto social” y “desarrollar estrategias específicas que aseguren el acceso a las personas más vulnerables a los recursos”. De forma insólita, el grupo de gobierno y la consejera de Bienestar Social votaron en contra de poner en marcha las medidas propuestas por la propia Consejería.
Por todo ello, el portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, considera que “estamos ante una burla a los ciudadanos más vulnerables. El problema de fondo es que el sector más débil de la población sigue siendo invisible a los ojos de los responsables políticos de las áreas de Bienestar Social. No es de recibo que se tarde un año y medio en redactar un informe sobre la pobreza y que, al presentarlo, ni siquiera contenga los datos más relevantes, como el número y la situación de las personas sin hogar en la isla. Y la prueba definitiva de que estamos ante una tomadura de pelo es que el grupo de gobierno tiene la desfachatez de votar en contra de las medidas propuestas por su propio informe”.
Podemos seguirá exigiendo la redacción de un informe serio y riguroso sobre la exclusión y el sinhogarismo en la isla, y promoviendo, como cita el informe, que se sustituyan las políticas basadas en el asistencialismo y la beneficencia por otras más integrales. “Resulta del todo incomprensible que, mientras desde el Cabildo se siguen dedicando cantidades millonarias a proyectos secundarios y se sigue presumiendo de “músculo económico” y de presupuestos históricos, se sigan detectando tantas deficiencias en la atención a las personas con menos recursos”, asegura Meca.