"Ante los hechos ocurridos este lunes 28 de marzo y las diferentes publicaciones aparecidas en los medios de comunicación, si bien las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, me dirijo a la opinión pública para aclarar varias cuestiones.

Hasta donde he podido saber y se me ha autorizado a contar, se me investiga básicamente por: Por un lado, por dos cuestiones que no son nuevas y han sido políticamente denunciadas por la presidenta y, según hemos sabido por los medios, puestas en conocimiento de la Fiscalía por Podemos, por la supuesta contratación irregular de un letrado en el año 2010 y por la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros Inalsa y el Consorcio Insular de Aguas, por parte de ese letrado con mi complicidad.

Y por otra parte, por los supuestos vínculos de dicha apropiación indebida con la adquisición de la vivienda en la que resido.

Por todo ello, veo necesario aclarar lo siguiente:

1. En primer lugar, aclarar que mi escaso patrimonio, incluida mi vivienda, y el origen de los pagos que he realizado para tenerla, es completamente legal.

2. Sobre la contratación del abogado en el año 2010, si se refiere su señoría a su designación como letrado del proceso concursal, una vez más, reitero que tras la renuncia voluntaria del juez Cobos, esta fue una decisión colegiada y unánime de los nueve miembros del Consejo de Administración de Inalsa (se adjunta el acta, punto 3), para todo lo relacionado con el proceso concursal y, por tanto, de los incidentes concursales que se derivasen de dicho proceso, estableciéndose sus emolumentos tanto para el proceso como para los incidentes, de común acuerdo con los administradores concursales designados por el juez, como no podía ser de otro modo.

3. Sobre la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros, reiterar que no eran fondos públicos sino, muy al contrario, se trató de costas procesales abonadas por las empresas privadas que perdieron los respectivos incidentes-contenciosos, porque así se acordó con los administradores concursales, quienes entendieron, al igual que yo, que así los incidentes no tendrían ningún coste para las arcas públicas (se adjunta escrito), que las costas de un abogado, si las hay, corresponden siempre al abogado, y, lo más importante, que dichas costas además fueron homologadas por el Juzgado de lo Mercantil.

4. Obviamente esta situación no es plato de buen gusto, pero como confío en la justicia, espero que tras la investigación exhaustiva de todas mis cuentas, correos, redes sociales y cada rincón de mi vivienda, por agentes de la UCO y la unidad canina detectora de dinero en efectivo, queden algún día despejadas todas las dudas que pueda haber sobre mi honestidad y honorabilidad, bien en la Fase de Instrucción, bien en el juicio, si lo hubiera".