El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha salido al paso de “una nueva campaña de desprestigio auspiciada por el gabinete de Dolores Corujo” que incide en que al actual portavoz adjunto del grupo nacionalista en la primera corporación insular le han sido embargados casi ochocientos mil euros por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife que dirige Jerónimo Alonso, en el procedimiento que sigue contra él por supuestos delitos en la contratación de Calatayud en el concurso de INALSA, sus cobros y la adquisición de su vivienda.

San Ginés ha explicado en qué no es nada nuevo que se bloquearon todos sus bienes y cuentas bancarias y que en absoluto posee la supuesta fortuna que se le atribuye.

En este sentido, la información que reproducen varios medios de comunicación cuya fuente es desconocida, indican que al expresidente le han sido embargadas propiedades por valor setecientos setenta y dos mil euros que corresponderían a una vivienda en Arrecife, otra situada en el término municipal de San Bartolomé en una finca con bodega, tres motocicletas (una Triumph Legend TT900, una Derbi Vamos C y una Honda ST70), una autocaravana, un Jeep Wrangler y una embarcación Zodiac PRO 550 OPEN.

Al respecto, San Ginés ha explicado que “atribuyen buena parte de esa fortuna a una humilde vivienda de apenas noventa metros cuadrados que adquirí hace 20 años por menos de 100.000€, cuando ni siquiera tenía cargo ni cobraba sueldo público. Además no cuentan que hoy pesa sobre ella una hipoteca de la que se deben aún casi doscientos mil euros y que solicité en el año 2010 para prestar íntegramente a mi hermano, quien me la ha devuelto solo parcialmente para adquirir mi otra vivienda. Al respecto, también debo aclarar, porque así se destaca en la información publicada, la inexistencia de una bodega, término muy generoso para un pequeño trastero de unos nueve metros cuadrados en el que apenas quepo de pie y no tiene ni una barrica”.

San Ginés también ha manifestado no entender cómo algunos medios de comunicación consideran que debió abstenerse en la aprobación del Plan de La Geria, “ya que, con independencia de que no sé a qué aprobación se refieren, pues eso lo hizo el Gobierno de Canarias, debo decir que mi casa se encontraba completamente legalizada antes de yo adquirirla y pedirme que me abstuviera sería como pedirle a un alcalde que no votase en la aprobación del Plan General de su municipio solo por el hecho de residir en él, o a Dolores Corujo en el Plan Insular de Ordenación del Territorio por el simple hecho de tener su residencia en Lanzarote. Algo completamente absurdo. El Plan de La Geria, anulado, no tiene que regularizar mi vivienda porque ya lo estaba”.

Respecto del chalet de lujo de tres plantas con vistas al océano, decir que se trata de una vivienda adosada de dos plantas en urbanización residencial y de la que aún debo 60.000 € de un préstamo personal que pedí para terminar de pagarla, tras diez años en la Presidencia.

En lo referente al “enorme parque móvil” que se le atribuye, el portavoz nacionalista ha explicado que “no se trata de una caravana, sino de una simple furgoneta camperizada de segunda mano con más de 20 años de antigüedad, y un jeep de tercera o cuarta mano también con más de 20 años que me costó seis mil euros, como tampoco dispongo de tres motos sino dos; una Honda 70 con casi cuarenta años– que fue un regalo de juventud que mi novia adquirió entonces de segunda mano, y otra moto también de segunda mano del siglo pasado”.

Por último, “mi embarcación es una zodiac neumática que compré a medias con un amigo y que lleva varios años sin ser utilizada porque ya ni siquiera tiene motor”.

En cuanto a la supuesta organización criminal por la que se me investiga, como si de algo nuevo se tratase, decir que no es nada nuevo ni supone noticia alguna como avance de las pesquisas. Muy al contrario, se trata de viejas diligencias previas y la investigación hacia donde avanza es a que no existe caso, en la medida en que la apoderada de las Adelfas – antigua propietaria de su vivienda – sí ha corroborado en sede judicial los 360.000 € abonados por su casa, 95.000€ de ellos en efectivo, por encima de su valor de mercado, la guardia civil ha concluido que no existen vínculos entre el patrimonio de Calayatud y el suyo, y los administradores concursales le han exonerado en sede judicial de toda responsabilidad en los pagos al letrado, como demostrará.

“Dolores Corujo se ha quedado sin caso y lo sabe, por eso su gabinete filtra de manera interesada, sesgada y manipulada, antiguas fases de las diligencias de la investigación ya superadas en realidad, ocultando los hechos objetivos realmente relevantes de la misma, sin que muchos de los medios se dignen a contrastar conmigo la desinformación que lanzan desde su gabinete”.