El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, mantuvo hoy que la vía con “más garantías para evitar” las posibles subidas abusivas de los precios en las rutas aéreas con el resto del Estado es que Canarias se apoye en su condición de Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea (UE). Campos ha reconocido el valor de la cumbre por la movilidad pero priorizó la “singular” condición jurídica del Archipiélago en la Unión para lograr que las citadas conexiones sean declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP), lo que permite fijar unos precios máximos de referencia a los billetes de avión. El dirigente nacionalista afirmó que NC “siempre” ha defendido que se establezcan precios máximos de referencia mediante la declaración de las OSP, que logró que se incluyera en la ley de los presupuestos estatales de 2018 y al impulsar el mismo año un pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias para que además Fomento vigilara la evolución de las tarifas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigara y sancionara de verificarse prácticas de coordinación comercial en materia de precios.
Luis Campos recordó que NC logró que la ley de los presupuestos estatales de 2018 aumentara la bonificación del transporte aéreo y marítimo de los residentes con el resto del Estado al 75%. Para evitar los incrementos de precios abusivos, reiteró que en la citada ley presupuestaria se especificó que, “dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad tarifaria, las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”.
“Siempre apostamos” por establecer precios máximos de referencia, mediante la declaración de las OSP, no sólo por estar amparada por la ley presupuestaria estatal de 2018 sino por la “positiva” experiencia existente con las rutas intersinsulares del Archipiélago.
Recordó que, en julio de 1998, el Ejecutivo estatal declaró OSP la mayoría de las rutas aéreas entre las islas con el objetivo de garantizar una prestación mínima de servicios regulares en términos de continuidad, regularidad, tarifas y capacidad mínima. En los tráficos aéreos interinsulares de Canarias existe un importe máximo de la tarifa (precio) para cada trayecto que “no puede ser superado” por las compañías aéreas, explicó este portavoz.
Aunque la regulación de la UE consagra los principios para prestar libremente y sin restricción alguna servicios aéreos en las rutas aéreas intracomunitarias así como fijar libremente los precios de sus tarifas, también “permite restringir parcialmente” esas libertades mediante la imposición de las OSP. El amparo jurídico, agregó, es el reglamento 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas comunes para la explotación de los servicios aéreos en la Unión.
En paralelo, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce a Canarias como RUP, otorga un “tratamiento específico” a estas regiones, recalcó el diputado nacionalista. De esta manera, se permite adoptar políticas y ayudas específicas para las islas, entre otras, en materia de transportes e infraestructuras de puertos y aeropuertos, según explicó.
Una singularidad que jurídicamente sale reforzada, continuó, con la sentencia Mayotte del Tribunal de Justicia Europeo de diciembre de 2015 que viene a decir que los tratados y acuerdos de la Unión tienen que adaptarse a las RUP.
Luis Campos reconoció el valor de la cumbre sobre el transporte y la movilidad de los territorios extrapeninsulares porque “compartimos” con Baleares, Ceuta y Melilla la “importancia de la conectividad para el desarrollo” social y económico. Pero Canarias, remarcó, tiene una “condición única” en el espacio comunitario europeo “sobre la que tenemos que apoyarnos” para lograr las OSP y los precios de referencia. Campos dijo que, en la Unión, por lo menos hay 160 rutas declaradas obligaciones de servicio público incluida España, de las que el 38% unen el continente con la islas.
Se interesó además por las gestiones realizadas por el titular del Ministerio de Fomento, ahora rebautizado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para cumplir con la proposición no de ley aprobada por el Parlamento canario en octubre de 2018. Una iniciativa que impulsó NC y que demandaba a este ministerio que estableciera un procedimiento de seguimiento de la evolución de los precios en las rutas entre Canarias y el resto del Estado y que esta información fuera transparente y accesible a la ciudadanía.
Agregaba una petición a la CNMC para que fiscalizara el proceso de construcción de precios con el fin de garantizar la competencia y que velara para que las compañías aéreas no establezcan pactos de colusión que incrementen las tarifas y, si ésto sucediera, que se adoptaran las correspondientes medidas sancionadoras.
Por último, que el Ejecutivo del PSOE iniciara el procedimiento para establecer las Obligaciones de Servicio Público que permitirán fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías.