Los demandantes aportaron "como pruebas" en el Juzgado: el Informe elaborado por el Gabinete Jurídico de Coalición Canaria, los Reglamentos de organización del partido, y los de organización del Congreso. Señalando que "la Asamblea de Arrecife vulneró el principio de proporcionalidad en la designación de compromisarios", y advirtiendo que "de celebrarse el Congreso, se provocaría un perjuicio irreparable al derecho fundamental del militante, que viene reconocido en el artículo 23 de la Constitución".

La demanda en sí va dirigida contra el Secretario de Organización de C.C. (y miembro del sector oficialista), Marci Acuña, al que acusan de "falta de respuesta a la petición de revisión de las Asambleas de Arrecife y San Bartolomé". Sin embargo, fuentes de la Dirección Nacional señalan que "ese puñado de seguidores de Inés Rojas se han saltado todos los órganos internos del partido". Y es que, en el caso de la Asamblea de Arrecife, la votación fue por el método de "listas abiertas", por lo que los compromisarios al Congreso Insular no tienen por que ser proporcionales a cada lista; en cuanto a San Bartolomé, la lista de Inés Rojas estaba incompleta.