"Condenamos enérgicamente el uso de la armada española como Seguritas de REPSOL cuando su obligación es defender los derechos de la ciudadanía.
El uso de la fuerza frente a las protestas ha de ser medido y proporcional, y nunca debe poner en riesgo la integridad física de quienes legítimamente expresan su disconformidad.
Exigiremos responsabilidades por los daños infligidos a la activista de Greenpeace y le agradecemos a Greenpeace su compromiso en favor de la lucha contra las prospecciones.
La internacionalización del conflicto abierto entre Canarias y el gobierno del Partido Popular gracias a la intervención de Greenpeace o a la labor del Parlamento Europeo, nos acercan cada vez más al momento en que se pueda parar este atropello".