La confluencia progresista, Lanzarote en Pie-SP (LeP), ha anunciado su intención de acudir a los Tribunales de Justicia en toda ocasión en la que acciones municipales deriven en daño a los valores patrimoniales de Arrecife.
Así lo ha anunciado su portavoz, Leticia Padilla, al conocerse la intención de la alcaldesa capitalina, Ástrid Pérez, de aprobar en Junta de Gobierno la concesión de una licencia “de reestructuración” para el antiguo Hotel Oriental, en la señera Calle Real.
Tras amanecer la ciudad el pasado 30 de octubre con dos de sus inmuebles históricos completamente demolidos, Lanzarote en Pie considera inasumible la posibilidad de que el daño al Patrimonio arquitectónico de la capital se extienda al Hotel Oriental.
Según indican, la licencia de reestructuración permitiría el vaciado del interior del edificio, con la consiguiente destrucción de carpinterías, enfoscados originales a base de cal, alacenas y armarios empotrados, techos y suelos de madera y la escalera interior, todos ellos en un estado de conservación aceptable según el criterio del servicio de Patrimonio insular, propios de una arquitectura burguesa de Arrecife casi desaparecida.
Lanzarote en Pie ha tenido noticias de la existencia de un informe de Patrimonio del Cabildo que insta al Consistorio a incluir el antiguo hotel en el Catálogo Arquitectónico de Protección de Arrecife y a prevenir y evitar cualquier acción que pudiera devenir en riesgo para la integridad del edificio.
“Si Astrid Pérez concede permiso de obra, lo hará en contra de los informes técnicos y de la sensibilidad creciente de la población de Arrecife, que aspirar a conservar elementos de arraigo y afecto por su ciudad, muy deteriorada ya por efecto de la especulación y la falta de escrúpulos”, señala Padilla.
Respecto a la sentencia del 3 de diciembre de 2019 interpuesta por la propiedad contra el Ayuntamiento por la desestimación de la concesión de la licencia solicitada, LeP recuerda que la sala solo ha reclamado la continuidad de la tramitación del expediente, sin entrar a valorar si la legislación urbanística y patrimonial ampara o no su otorgamiento.